Cinco años de crisis migratoria en Europa tras la ola del Egeo

“Perder tiempo es perder vidas”, reza la organización de ayuda humanitaria Open Arms. Los números lo corroboran: el Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Según las cifras registradas por Missing migrants, 22 941 migrantes han desaparecido en el Mediterráneo desde el 2014. Más de 21 000 muertes han sido por ahogamiento.

Desde 2019, el número de las devoluciones en caliente - tras las que se encuentra la Unión Europea - asciende a 35 000, según datos de ACNUR. Tan solo en los cinco primeros meses de este año, más de 13 000 personas fueron interceptadas en aguas del Mediterráneo y devueltas a centros no regulados de Libia – declarado un país no seguro - por guardacostas entrenados y financiados por la Unión Europea. Según denuncia la Organización Mundial de las Naciones Unidas, esta cifra ya superaba entonces el número de intercepciones, rescates y desembarcos de todo el 2020.

“Europa da apoyo logístico y económico a la Guardia Costera Libia para que intercepten a estas personas en el mar y las lleven a Libia”, denuncia Óscar Camps, director del barco español de ayuda humanitaria Open Arms. En Libia, al no estar considerado un lugar seguro por la comunidad internacional, únicamente los barcos libios pueden desembarcar a estas personas allí.

Las devoluciones en caliente impregnan también las políticas de la guardia costera griega. Desde el 2015, cuando comenzó la gran ola migratoria de refugiados desde Turquía hacia Grecia, las devoluciones en caliente han llevado a los migrantes al límite del Egeo donde comienzan las aguas turcas. Actualmente, el Mediterráneo central, al norte de Libia, es el flujo migratorio más transitado hacia Europa.

Para comprender la situación actual en todo el Mediterráneo, tanto oriental, como central y occidental, debemos remontarnos a 2016, cuando la flota humanitaria estaba trabajando en el Mediterráneo coordinada por la Guardia Costera Italiana. “En aquel momento, en el Mediterráneo estaban todas las ONG con todos sus barcos y eran un elemento más de la Guardia Costera Italiana, que nos coordinaba en las tareas de rescate y desembarco”, afirma Camps.

Empoderando grupos armados

Este modus operandi funcionó durante los años 2016, 2017 y 2018. Sin embargo, desde que Italia decidió el abandono de su papel principal en la coordinación de rescates en el Mediterráneo central, a la vez que adoptaba su nueva política de rechazar el desembarco de buques con refugiados y migrantes rescatados, el mapa de la situación cambió por completo. En marzo del 2018, coincidiendo con las elecciones, la Guardia Costera Italiana no solo dejó de coordinar los barcos humanitarios, sino que dejó de informar de las llamadas de emergencia que recibía y de sus posiciones en alta mar.

Adoptar esta postura es consecuencia del Reglamento de Dublín, una ley de la Unión Europea que establece desde 2013 los criterios para determinar qué país es responsable del examen de una solicitud de protección internacional, de acuerdo con la Convención de Ginebra, y que deposita la responsabilidad en los países costeros a los que llegan los refugiados.

De la noche a la mañana, cambiaron los protocolos de trabajo y las autoridades comenzaron a perseguir a los barcos humanitarios. “Unos meses antes de las elecciones de marzo, las autoridades elaboraron un código de conducta que solo pretendía hacer ver que estaban poniendo orden en la foto humanitaria, cuando realmente el orden lo coordinaba precisamente su Guardia Costera, no tenía sentido”, afirma Camps. “Era la consecuencia de una campaña política electoralista”.

La ruta migratoria más mortífera

A partir de entonces, “en toda Europa comenzaron los puertos cerrados, las persecuciones y los acuerdos con las milicias libias, mal llamados guardacostas libios porque no pertenecen a un cuerpo organizado, sino que, al ser un estado fallido, cada lugar de la costa tiene su grupo armado y su barco donado por el gobierno italiano y formación financiada por Europa”, denuncia Camps.

Según afirma Matteo de Bellis, investigador sobre asilo y migración en Amnistía Internacional, para no mancharse las manos, “la Unión Europea ofrece a las autoridades libias toda forma de asistencia, barcos, entrenamiento, asistencia financiera, soporte a la coordinación de las operaciones, etcétera”, debido a que, desde el punto de vista del derecho internacional, es ilegal enviar personas a Libia. “Hay que asumir que las personas que son enviadas a los centros de detención libios serán detenidas de forma arbitraria, torturadas y violadas”

Estos grupos armados colaboran con el tráfico de personas, las retienen, encarcelan, violan y extorsionan a quienes interceptan en el mar. “Ni siquiera tienen equipación para salvamento, son patrulleras militares que llevan a las personas a un país en guerra, donde van a ser detenidas en campos no regulados, la mayoría financiados por Europa”.

Además de su control por milicias, la ayuda humanitaria en los centros se vuelve inviable debido a la ausencia de un registro formal de datos, por lo que una vez que las personas llegan a los centros no hay forma de saber qué sucede con ellas.

Las Naciones Unidas, ACNUR, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) llevan años denunciando las vulneraciones constantes a los derechos humanos por parte de estas milicias. Al mando de las milicias se encuentra el comandante Bija, uno de los traficantes de personas más buscados por Naciones Unidas. “Lamentablemente, el panorama empeora porque estamos empoderando a estas milicias”, denuncia Camps.

Un complejo entramado geopolítico

Lampedusa es, por cuestiones geográficas, el puerto seguro más cercano en casi todos los rescates que se llevan a cabo. Sin embargo, ni Italia ni Malta pueden hacerse cargo de todos los rescates. “El tema es complejo y la causa humanitaria sigue siendo incómoda dependiendo del color de piel y la procedencia”.

La puesta a salvo de las personas que quedan a la deriva en alta mar es una obligación, no solo de los capitanes, sino también de los estados. Los expertos coinciden en que, tarde o temprano, estas actuaciones terminarán en el Tribunal de Hamburgo (órgano judicial establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). “No solo omiten la obligación de ayudar, sino que financian grupos armados para que vulneren los derechos humanos y a países de dudosa solvencia democrática para que hagan el trabajo sucio y retengan flujos migratorios”, denuncia Camps.

Tras estas decisiones políticas se encuentra la realidad del día a día en alta mar, como lo que ocurrió el pasado 16 de noviembre, durante una difícil operación de búsqueda y rescate a menos de 30 millas náuticas de la costa libia. El equipo de Médicos Sin Fronteras, a bordo del buque Geo Barents, encontró a 10 personas muertas en la cubierta inferior de una embarcación de madera gravemente hacinada.

“Se cree que se asfixiaron por los gases del combustible, y los supervivientes dijeron a nuestro equipo que estas personas habían pasado más de 13 horas en la estrecha cubierta inferior del barco”, explica el portavoz de la organización Guillermo Algar. “Un total de 99 supervivientes, incluidos niños, fueron rescatados del mismo barco ese día”.

Las personas de la embarcación habían salido de Libia, muchas de ellas después de meses o incluso años en los que soportaron violencia, abusos y malos tratos. Intentar cruzar el Mediterráneo en una embarcación no apta para la navegación había sido su única opción. Una familia, un padre y sus tres hijos, decidieron arriesgar sus vidas en el barco tras un viaje de cinco años huyendo del conflicto en Siria a través de Egipto, Sudán y Libia.

Bloqueando la ayuda humanitaria

“Desde que se recibe algún aviso hasta que se ejecutan las maniobras de rescate, el lapso de tiempo es bastante pequeño”, cuenta Mikel San Sebastián, portavoz del barco de ayuda humanitaria Aita Mari. “Los momentos de rescate son momentos delicados en los que nada puede fallar porque hay vidas en peligro”. Por si fuera poco, el antiguo atunero convertido en buque de rescate ha sufrido todo tipo de situaciones desfavorables.

“El bloqueo institucional pone muy difícil las cosas para poder llevar a cabo cada misión, además del rescate de personas en situación muy delicada de salud, los guardacostas libios en busca y captura de botes naufragados, situaciones derivadas de la pandemia de la COVID-19, cuarentenas forzosas, inclemencias metereológicas en navegación, etc”, afirma San Sebastián.

Como el Aita Mari, bloqueado en España con recursos administrativos, el Open Arms ha estado bloqueado en cinco países de la Unión Europea. “Estamos siempre inspeccionados y en muchas ocasiones, bloqueados. Hace un mes, Francia ni siquiera permitió la entrada del Open Arms vacío a un puerto francés para hacer un cambio de tripulación”, denuncia Camps.

“Somos objeto de una persecución administrativa y política porque incomodamos y denunciamos lo que está ocurriendo. No ha sido fácil hacer nuestro trabajo. Nunca es fácil, pero hay que seguir a pesar de todas las dificultades a las que nos someten, porque lo que hacemos es salvar vidas, tender nuestros brazos y sacar a la gente del agua. No hay nada más grande que pueda hacer un ser humano por otro que salvarle la vida”.

Una situación llena de capas políticas está llevando al tratamiento cada vez más hostil por parte de las autoridades europeas a las ONG dedicadas a salvar vidas, lo que está agotando el Mediterráneo central de activos de rescate vitales. “En aguas internacionales no hay migrantes, pero ahora se utiliza un lenguaje que pervierte la protección de la vida”, afirma Camps.

La solución debería comenzar por algo aparentemente simple: cumplir los acuerdos internacionales a los que nos hemos suscrito como países y como Unión Europea. “Se trata de respetar la carta de los derechos humanos, la Convención de Ginebra, el derecho marítimo internacional y el convenio SAR – Save and Rescue - y facilitamos vías legales y seguras para que quienes precisan solicitar asilo y refugio lo puedan hacer sin entregarse al crimen organizado”.

Desde 1960 hasta el 2020, el porcentaje de gente que migra en el mundo es el mismo, el 3,5 por ciento de la población mundial. "No estamos delante de ninguna situación crítica", afirma Camps. "Hay dos momentos en la historia de Europa en los que este porcentaje ha variado, la década de los 90 por la Guerra de los Balcanes, y en el 2015 por la Guerra de Siria". El año pasado, cerca de 300 000 migrantes llegaron a España. De ellos, tan solo 30 000 llegaron en patera de forma irregular. “Hay un tratamiento de los datos muy importante de cara a la opinión pública, y los intereses políticos quieren esta confusión”.

Para desbloquear esta frágil situación y eliminar los obstáculos que los países fronterizos están poniendo a las operaciones de salvamento, “es urgente que los Estados tomen medidas para reafirmar la capacidad efectiva de rescate en el Mediterráneo aumentando el rescate coordinado en varios estados, restaurando el rápido desembarque en un lugar seguro y levantando los impedimentos para el trabajo de los barcos de rescate de las ONG”, afirma ACNUR.

"Las líneas resolutivas pasan por la reforma del Reglamento de Dublín para redistribuir la responsabilidad de ayuda entre los diferentes países, y abrir canales seguros y regulares para ofrecer a los refugiados y migrantes la oportunidad de viajar sin poner sus vidas en manos de grupos ilegales”, recalca Camps. “Debemos desmantelar las estructuras que han causado, y continúan causando, violencia y muerte en el mar”.