¿Por qué los presidentes de Estados Unidos pueden indultar a cualquiera, incluso por traición?

Los indultos presidenciales vuelven a ser noticia mientras Donald Trump (ex presidente y candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024) se ha enfrentado en los últimos años a tres acusaciones federales, la última que le imputa injerencia electoral. ¿Podría Trump indultarse a sí mismo si es reelegido? ¿O lo indultará otro futuro presidente, como hizo Gerald Ford con su predecesor Richard Nixon, caído en desgracia y plagado de escándalos?

La potestad de indultar de un presidente estadounidense es tan antigua como el propio cargo, pero la controversia sobre si el jefe del Ejecutivo debe ejercer ese privilegio (y cómo debe hacerlo) ha persistido desde la fundación de la nación. A pesar de una rica historia de indultos a figuras controvertidas después e incluso antes de ser declaradas culpables de delitos federales, todavía existe un tipo de indulto que ningún presidente ha puesto a prueba: el autoperdón.

Por qué existen los indultos presidenciales

En la Convención Constitucional de 1787, Alexander Hamilton propuso otorgar al presidente el poder de indultar a quienes hubieran cometido delitos o reducir sus penas, explicando posteriormente que los indultos podrían ayudar a "restablecer la tranquilidad de la mancomunidad" en tiempos de rebelión. El concepto no era nuevo: las leyes inglesas otorgaban desde hacía tiempo a los monarcas el poder de conceder clemencia a sus súbditos y la práctica se extendía a los gobernadores de las colonias británicas en América.

La mayoría de los ponentes estuvieron de acuerdo con Hamilton y rechazaron una propuesta competidora de última hora para negar al presidente la capacidad de conceder indultos en casos de traición. El Artículo II de la Constitución otorga al presidente "el poder de conceder indultos y perdones por ofensas contra los Estados Unidos". La única excepción enumerada en la Constitución es que los presidentes no pueden utilizar sus poderes de clemencia para impedir que ellos mismos u otros sean sometidos a juicio político por el Congreso, lo que se conoces como impeachment.

El presidente tiene cuatro tipos de poderes de indulto que sólo se aplican a delitos federales, no estatales. Pueden conceder un indulto que anule el delito por completo, acortar o suprimir una condena penal mediante una conmutación, eximir a una persona de una obligación legal, como una multa, mediante una remisión, o posponer la condena de una persona, lo que se conoce como respite [aplazamiento o prórroga].

La cuestión del poder casi ilimitado del presidente para indultar fue tan polémica que influyó en la decisión de George Mason, un delegado de Virginia que temía un Gobierno federal fuerte, de abstenerse de firmar la Constitución. Un presidente con el poder de indultar a los traidores, advertía, "podría hacer un uso peligroso de él" perdonando crímenes en los que él fuera co-conspirador, lo que Mason creía que podría destruir la república.

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Primeros indultos presidenciales

Resultó que los primeros indultos presidenciales ofrecieron misericordia a hombres que habían cometido traición. En 1795, el presidente George Washington indultó a dos hombres que habían organizado la Rebelión del Whisky de 1794, una revuelta en el oeste de Pensilvania en respuesta a un costoso impuesto federal sobre las bebidas espirituosas; fue necesaria una milicia de 13 000 hombres para sofocarla. Washington indultó al último de los insurgentes el último día de su segundo mandato en 1797, indicando su "deseo de atemperar la administración de justicia con una extensión razonable de misericordia".

La tradición de indultar a rebeldes y figuras polarizadoras continuó a lo largo de los años. Tras su elección en 1800, Thomas Jefferson perdonó a todos los condenados en virtud de la Ley de Sedición de 1798, una ley aprobada durante el mandato de su predecesor que ilegalizaba la difamación del Gobierno.

Uno de los primeros indultos presidenciales fue rechazado por la persona a la que pretendía salvar. En 1833, el presidente Andrew Jackson indultó a George Wilson, condenado a muerte por robar correo oficial y poner en peligro la vida de un cartero. Por razones poco claras, Wilson rechazó el indulto. El caso llegó al Tribunal Supremo de EE. UU., que dictaminó que se podía rechazar un indulto. Posteriormente, Wilson fue ejecutado en la horca.

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Indultos masivos

En 1862, Abraham Lincoln realizó otro polémico (aunque no oficial) indulto cuando se negó a autorizar las ejecuciones de 265 hombres dakota en Minnesota. Aquejados de hambre y de repetidas violaciones de los tratados, estos hombres habían intentado expulsar a los colonos blancos de las tierras ancestrales de los nativos quemando asentamientos y asesinando a civiles. Entre 600 y 700 colonos murieron en la que fue la peor masacre de la historia de Estados Unidos. Más de 500 nativos americanos fueron asesinados en represalia.

La decisión de Lincoln de no ordenar la ejecución fue políticamente impopular. Pero Lincoln, horrorizado por los juicios injustos y poco profesionales que llevaron a la condena de muchos hombres obviamente inocentes, dijo que "no podía permitirse ahorcar a hombres por votos" (aun así, el ahorcamiento en 1862 de los 38 hombres que no fueron indultados sigue siendo la mayor ejecución masiva de la historia de la nación).

Tras la Guerra Civil de 1865, el sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, se adentró en un terreno aún más polémico al ofrecer un indulto general a los antiguos confederados, con excepciones para aquellos que habían ayudado personalmente a orquestar la secesión del Sur y la guerra contra la Unión. Poco después, Johnson empezó a ejercer su poder de clemencia con desenfreno al conceder indultos personales a los eximidos por el indulto general.

Finalmente, Johnson concedió el indulto hasta al 90 por ciento de los solicitantes (más de 13 000 en total), incluidos muchos altos cargos confederados. Para 1867, escribe el historiador Jonathan Truman Dorris, Johnson había indultado a "86 miembros de la cámara baja del congreso confederado, a un número menor de la cámara alta y quizás a una docena de gobernadores confederados". Muchos de esos líderes se convirtieron más tarde en los arquitectos de Jim Crow, las leyes racistas diseñadas para restablecer una brutal jerarquía racial en la antigua Confederación.

Augustus Hill Garland, antiguo senador y abogado confederado, recibió uno de los indultos en 1865, pero quedó inhabilitado en virtud de una ley aprobada a principios de ese año que privaba de la licencia de abogado a los antiguos confederados. Llevó el caso ante el Tribunal Supremo de EE. UU., argumentando que no debía estar sujeto a la ley puesto que su delito había sido borrado. Los jueces se mostraron de acuerdo y en la sentencia confirmaron el amplio poder del presidente para conceder indultos, incluida la facultad de conceder un indulto antes de que una persona haya sido acusada de un delito.

Indultos preventivos

Este poder se puso a prueba durante el indulto más controvertido de la nación: el de un ex presidente. En septiembre de 1974, un mes después de que el Presidente Richard Nixon dimitiera tras el escándalo Watergate, su sucesor Gerald Ford le concedió el indulto incondicional por todos los delitos que pudiera haber cometido.

Aunque Nixon no había sido acusado formalmente de ningún delito, ahora era un ciudadano privado y podía ser procesado por su implicación en el encubrimiento del intento de vigilancia de la sede del Comité Nacional Demócrata. Ford, que había sido vicepresidente de Nixon, creía que la nación no podría soportar la división que provocaría un posible juicio penal contra el presidente caído en desgracia. Pero la decisión de Ford fue contraproducente, provocando una reacción pública y del Congreso, llegando incluso (según la opinión de muchos) a costarle su carrera política.

Al indulto de Nixon le siguió otro indulto preventivo de gran repercusión. El primer día de mandato del presidente Jimmy Carter, en enero de 1977, concedió el indulto incondicional a la mayoría de las personas que habían eludido el servicio militar obligatorio durante la guerra de Vietnam, incluidas las que aún no habían sido procesadas. Aunque el indulto fue un intento de sanar las profundas divisiones causadas por la guerra, fue condenado por los grupos de veteranos.

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¿Puede un presidente autoindultarse?

En lo que se refiere a los indultos presidenciales, sólo hay una modalidad que no se ha hecho nunca: que un presidente pueda indultarse a sí mismo.

La cuestión es muy controvertida entre los juristas, ya que nunca se ha intentado. No hay nada en la Constitución que prohíba explícitamente a un presidente autoindultarse, ni que le impida dimitir temporalmente para que su vicepresidente pueda indultarle mientras ejerce de presidente en funciones.

Algunos juristas señalan que la falta de una salvaguarda constitucional específica contra el autoperdón podría interpretarse en el sentido de que un presidente tiene derecho a hacerlo.

Pero otros creen que un autoperdón sería explícitamente ilegal, dada la prohibición constitucional de actuar como juez de uno mismo. También señalan el precedente que impide a un jefe del Ejecutivo obstruir investigaciones penales federales. Esa opinión fue compartida por la ex fiscal general adjunta Mary C. Lawton, que investigó el asunto en 1974 a instancias de Nixon. Si un presidente concediera un autoperdón, el acto probablemente desencadenaría un desafío legal para zanjar este debate de una vez por todas.

Si finalmente un presidente se concediera a sí mismo alguna forma de clemencia, no sería una protección general contra el procesamiento. Dado que la facultad sólo se aplica a los delitos federales, los Estados pueden presentar cargos penales contra los beneficiarios de indultos federales, independientemente de quiénes sean.