200 medioambientalistas fueron asesinados en 2016

Al menos 200 personas fueron asesinadas el año pasado por proteger la tierra, el agua y la vida salvaje en sus comunidades, incluyendo cinco guardas del Parque Nacional de Virunga, en África, que alberga a unos de los últimos gorilas de montaña del planeta. Estos asesinatos, que raramente llegan a juicio, han sido documentados en más países que nunca antes: 24 en 2016 en comparación a los 16 de 2015.

Además de la criminalización y el agresivo enjuiciamiento de los manifestantes, el resultado es la supresión de los medioambientalistas, según argumenta un nuevo informe del grupo sin ánimo de lucro Global Witness. Global Witness es un grupo de defensa con sedes en Londres y Washington D.C. que trabaja en la intersección de la extracción de los recursos naturales con los derechos humanos.

«Tenemos criterios estrictos para documentar asesinatos de los defensores de la tierra y del agua, pero otros muchos asesinatos se quedan sin denunciar», afirma Billy Kyte, líder de la campaña de Global Witness y coautor del informe con Defenders of the Earth.

«Nuestro informe es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en realidad», dijo Kyte a National Geographic. Hay muy pocos datos sobre el destino que corren los residentes locales cuando intentan proteger sus tierras y su agua en Oriente Medio, Asia, el este de Europa y África.

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Inquietud en Estados Unidos

La criminalización y demonización de los protestantes está alcanzando nuevos límites en Estados Unidos, según  ha descubierto el informe. El pasado febrero en la reserva india de Standing Rock en Dakota del Norte los manifestantes sufrieron ataques por parte de la policía militarizada y de la Guardia Nacional, resultando heridos —una mujer casi pierde un brazo— cuando se manifestaban en contra de la construcción de un oleoducto bajo el lago Oahe, considerado un lugar sagrado. Unas 800 personas se enfrentan a acusaciones por protestar.

Al mismo tiempo, los políticos de Dakota del Norte han estado a punto de aprobar una ley que permitía a los conductores atropellar y matar a los manifestantes medioambientales sin tener que enfrentarse a penas de cárcel. Carolina del Norte está a punto de aprobar una ley similar. El informe documenta 18 estados que están trabajando actualmente en nuevas leyes antimanifestantes desde la elección del presidente Trump.

«Aunque no hubo ningún asesinato de manifestantes medioambientales en Estados Unidos el año pasado, se trata del mismo patrón: el estado emplea las leyes para atacar y silenciar a los defensores de la tierra y el agua», explica Kyte.

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La perspectiva global

Alrededor del mundo, los líderes corporativos y políticos suelen demonizar a los protestantes, en ocasiones tachándolos incluso de terroristas, según Jamie Kneen, coordinador de comunicaciones y compromisos comunitarios en MiningWatch Canada, una organización que apoya a los residentes locales que sufren el impacto de los proyectos de minería en todo el mundo. Se trata de tácticas para evitar que el público se implique, explicó Kneen durante una entrevista.

«Los medios de comunicación retratan a los manifestantes como violentos, incluso cuando la policía o las fuerzas de seguridad atacan durante protestas pacíficas», dijo Kneen. Algunos países incluso han declarado la ley marcial para poner fin a las protestas, como ha ocurrido en Filipinas o en Tailandia, según señaló.

«Es una locura. Está totalmente fuera de control y casi nadie sabe nada sobre ello», afirma Kneen.

Se suele atacar a los protestantes por estar en contra del crecimiento o de la creación de empleo, cuando lo que ellos quieren es tener trabajos y negocios sostenibles que no contaminen el aire o el agua, según dice Kyte. Los países con gobiernos proempresas se encuentran entre los lugares donde los asesinatos de manifestantes son más comunes. Los asesinatos de los defensores de bosques en Brasil se han vuelto más evidentes con el nuevo gobierno de Michel Temer, que favorece a las empresas, explica Kyte. El informe de Global Witness descubrió que se habían eliminado las protecciones para los pueblos indígenas locales y documentó 49 casos de personas asesinadas por parte de leñadores y grandes propietarios de tierras en el Amazonas durante el año pasado.

Ni siquiera los parques nacionales están a salvo. Al menos 20 guardas de parques nacionales y forestales han sido asesinados en la República Democrática del Conco (RDC) y en otros países en 2016. Los cazadores furtivos, las milicias, la exploración en busca de petróleo y la corrupción son amenazas presentes para los gorilas, la vida silvestre y los guardas en el Parque Nacional de Virunga en la RDC, según Tina Lain, líder del proyecto de delitos de vida silvestre para la UICN.

«La corrupción es un motor global de la destrucción medioambiental no solo en África, sino en todo el mundo», dijo Lain desde Lubumbashi, en la parte sureste de la RDC. La corrupción puede darse en varias formas, pero los resultados son similares.

«Cambiar desde un modelo de negocios ilegal o no sostenible que beneficia a unos pocos a un modelo de negocio legal que beneficie a muchos y a la naturaleza no es una tarea fácil, pero puede lograrse», afirma.

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Los disidentes como objetivos

Otro impulsor de la violencia contra los conservacionistas es la afirmación que se suele repetir entre aquellos en el poder: la protección medioambiental afectará al crecimiento económico. Sin embargo, se ha probado lo opuesto en muchos lugares como Kenia y Ruanda, según Lain.

En su búsqueda de desarrollo económico, Nicaragua se convirtió en el lugar más peligroso per cápita para los manifestantes el año pasado. Una empresa china prometió invertir 50.000 millones de dólares en la construcción de un canal de tres veces el tamaño del canal de Panamá que atravesaría el medio del país, desde el océano Atlántico al océano Pacífico. Los 120.000 indígenas que serían obligados a mudarse se enteraron de la noticia cuando el gobierno de Daniel Ortega hizo un anuncio público en 2013.

«Hemos organizado 87 marchas demandando respeto por nuestros derechos y no hemos obtenido respuesta. La única respuesta que nos han dado son las balas», contó Francisca Ramírez, manifestante local, a Global Witness.

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Las últimas noticias en medios de comunicación sugieren que el ambicioso proyecto podría no llegar a construirse nunca. Sin embargo, la empresa china todavía posee una concesión de 50 años para vender los derechos a puertos, aeropuertos y complejos turísticos.

Hace solo dos semanas en la vecina Honduras, Bertha Zuñiga, hija de la medioambientalista hondureña asesinada Berta Cáceres, escapó de unos hombres armados con machetes en una carretera remota. Cáceres, ganadora del prestigioso Goldman Prize, fue asesinada en su casa el año pasado por oponerse a la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Agua Zarca. Zuñiga acaba de ser elegida para dirigir la misma organización indígena que su madre lideraba en defensa de los derechos del pueblo Lenca sobre sus tierras. En abril de este año, el informador especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas dijo que el hecho de que Honduras no consultase a los pueblos indígenas era lo que les había obligado a protestar de forma pacífica.

Una semana después del ataque contra Zuñiga, la Sociedad Neerlandesa de Fiannciación al Desarrollo (FMO, por sus siglas en neerlandés) y el Fondo Finés para la Cooperación Industrial (Finnfund) finalmente retiraron sus inversiones del proyecto de la presa sin completar en el Agua Zarca.

«Los inversores tienen el deber de dar la cara cuando los activistas que se oponen a sus proyectos se ven amenazados. Necesitan poner en marcha políticas adecuadas para proteger a los defensores del medio ambiente y congelar sus inversiones si las poblaciones locales se ven amenazadas o atacadas», explicó Kyte.

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«Berta Cáceres soportó años de amenazas y violencia, pero los inversores no dijeron ni hicieron nada», dijo él.

Cáceres era una de las 14 activistas medioambientales que murieron en Honduras en 2016. La presión internacional tras su asesinato llevó a que se enjuiciase a los asesinos, que revelaron que «el estado estaba cooperando con la empresa para matar a los activistas», dijo Kyte.

Acabar con la violencia empieza con garantizar a las comunidades el poder realizar elecciones libres y con información sobre la utilización de sus tierras y sus recursos, concluye el informe. Los gobiernos, las empresas y los inversores deben presionar para que se juzgue a aquellos responsables de ordenar o de llevar a cabo un ataque. Esta obligación incluye asegurarse de que los que no apoyen y protejan a los defensores también se enfrenten a las consecuencias de su falta de acción, señala el informe.

Finalmente, los inversores deberían retirarse de cualquier proyecto en el que se violen los derechos de los manifestantes o de los pueblos locales, concluyó Kyte.