Cada vez más jóvenes demandan a sus gobiernos por el cambio climático

Cuando los jóvenes de los Países Bajos demandaron a su gobierno por la inacción ante el cambio climático, obtuvieron una victoria inesperada. En una sentencia que destaca por su contundencia, el tribunal ordenó al gobierno reducir las emisiones de carbono un 25 por ciento para el año que viene.

El año pasado tuvo lugar otro éxito revolucionario en Colombia, donde 25 jóvenes ganaron su demanda contra el gobierno por no haber protegido la selva amazónica colombiana. El tribunal concluyó que la deforestación vulneraba los derechos de la juventud y de la selva y ordenó al gobierno reducirla a cero para 2020.

Y en Pakistán, una niña de siete años obtuvo el derecho de seguir adelante con su demanda por cambio climático por sus fundamentos, lo que establecía —por primera vez en Pakistán— que un menor tenía derecho a demandar ante un tribunal.

Estas tres victorias judiciales en tres continentes se han convertido en la base de un movimiento legal global para obligar a los gobiernos a actuar y salvar el planeta antes de que sea demasiado tarde. Los ciudadanos presentan demandas constitucionales para que se les reconozca el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente saludable. Se han tomado decisiones judiciales que defienden ese derecho en más de 50 países, donde los gobierno han sido culpados de una serie de pecados medioambientales que oscilan desde las inversiones en fondos de pensiones perjudiciales para el medio ambiente hasta el incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París.

Los expertos legales prevén que la cantidad de nuevas demandas solo aumentará conforme aumente la gravedad de los pronósticos científicos de los impactos del cambio climático.

«Se trata de una respuesta directa al hecho de que estamos abriendo los ojos ante la magnitud de la crisis global», afirma David Boyd, profesor de Derecho en la Universidad de la Columbia Británica y relator especial de la ONU sobre derechos humanos.

Boyd, que se especializa en derechos medioambientales, catalogó las acciones legales de los estados miembros de la ONU y concluyó que ningún otro derecho social ni económico se ha propagado tan rápidamente por el mundo.

Según él, el derecho a un medio ambiente saludable, antes desestimado por ser una «perspectiva novedosa», se considera ahora legalmente establecido en todo el mundo. Lo recogen las constituciones de más de 100 países y se ha incorporado a la legislación, tratados y otros documentos de al menos 155 países. La mayoría de los procesos judiciales basados en el derecho constitucional a un medio ambiente saludable salen ganadores. Y, en las demandas presentadas por gente joven, los tribunales se muestran receptivos a la hora de reconocer a las generaciones futuras ese derecho.

«Lo que se ve en esta marea, liderada por niños —que son los que más se juegan—, son personas que les dicen a sus gobiernos: “Habéis fracasado. Tenemos derechos y debéis respetar y proteger dichos derechos”», afirma Carroll Muffett, presidente y consejero delegado del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, con sedes en Washington y Ginebra.

Demandas influyentes

La demanda de la niña de siete años en Pakistán se basa en otra demanda ganadora presentada por un agricultor que afirmaba que el hecho de que Pakistán no hubiera cumplido sus compromisos climáticos le había costado su forma de ganarse la vida. El tribunal determinó que «el retraso y letargo del Estado a la hora de poner en marcha [políticas climáticas] vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos». El tribunal también ordenó la creación de una Comisión de Cambio Climático que supervisara el progreso del gobierno.

El caso de los Países Bajos implicó a casi 900 demandantes neerlandeses de varias generaciones. En 2015, los jueces rechazaron sin demora y por mayoría el argumento del gobierno de que la acción contra el cambio climático a corto plazo sería demasiado cara. El remedio impuesto por el tribunal exige que el gobierno reduzca las emisiones de carbono el doble de lo que las había reducido desde 1990, todo ello en cuestión de un año. Para cumplir esa meta, el gobierno ha declarado que, a finales de este año, cerrará una central eléctrica que funciona con carbón en Ámsterdam, cuyo cierre se había programado para 2024. Entretanto, ha apelado la decisión ante el Tribunal Supremo neerlandés.

La demanda neerlandesa se ha convertido en un modelo para demandas de corte similar en Bélgica, Irlanda y Canadá y ha inspirado otras demandas climáticas en países como Uganda, Nueva Zelanda, Australia y Noruega. La demanda colombiana ha tenido un efecto similar. Cuando los jóvenes ganaron la demanda, «estoy seguro de que había abogados de otros 100 países que se preguntaron cómo podían emular esa decisión», afirma Boyd. «Nunca hemos tenido un sistema tan conectado a nivel mundial».

La excepción podría ser la demanda en los Estados Unidos, donde tradicionalmente los jueces son inmunes a la influencia de los casos internacionales. El caso «Juliana contra los Estados Unidos», llamado así por la demandante Kelsey Juliana —ahora alumna de 23 años en la Universidad de Oregón—, se presentó contra el gobierno de Obama en 2015, en torno al mismo momento en que se sentenció el caso de los Países Bajos. Se ha seguido de cerca por la posibilidad de que establezca nuevos precedentes legales si sigue adelante.

Litigios que fracasan

Si para muchos los litigios climáticos son la última oportunidad para ralentizar el calentamiento global, sus críticos sostienen que entregar las políticas y la legislación a los jueces es erróneo y lo único que hará será generar la marea de litigios que predicen sus defensores.

Michael Burger, director ejecutivo y consejero delegado del Centro Sabin para la Legislación sobre el Cambio Climático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, afirma que el tsunami de demandas no debería sorprender a nadie teniendo en cuenta la lentitud con la que actúan los gobiernos. Actualmente, el centro sigue 1039 casos abiertos en Estados Unidos y 283 en otros países. La mayoría, a diferencia de las demandas presentadas por gente joven, implican la aplicación de regulaciones y legislación medioambiental que ya existen.

«La gente recurre a los juzgados porque los gobiernos no cumplen y, cuando no puedes recurrir a nada más, acudes al juzgado», afirma.

Los litigios tienen otras desventajas. Las demandas son lentas, por ejemplo. La demanda belga estuvo estancada durante tres años por discusiones sobre si se debía proceder en neerlandés o francés, hasta que las partes acordaron que en francés. Asimismo, las soluciones ordenadas por un juez pueden ser ineficaces o inejecutables.

La decisión del año pasado en Colombia, por ejemplo, se considera una de las más progresistas y potentes de la región. Pero, hasta ahora, según César Rodrígues-Garavito, el abogado de los demandantes y fundador de Dejusticia, un grupo colombiano de derechos humanos, el plan impuesto por el juzgado para reducir la deforestación ha generado más publicidad que acciones gubernamentales. Él ha instado a sus clientes a movilizarse para empujar al gobierno a actuar.

Boyd explica que la mayoría de los países que protegen los derechos medioambientales en sus constituciones son países en vías de desarrollo con constituciones nuevas. Muchos aún están saliendo de los legados del colonialismo o las dictaduras militares y tienen dificultades para proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos. Dichos factores aumentan las probabilidades de que un remedio climático impuesto por un juez no llegue a ejecutarse.

En Noruega, cuya Constitución data de 1814 y es la segunda más antigua del mundo después de la de Estados Unidos, los derechos protegidos no ganan la partida. La Constitución noruega detalla claramente el derecho a un medio ambiente saludable y que debe «salvaguardarse para las generaciones futuras».

Con todo, un tribunal noruego desestimó los esfuerzos de la juventud nórdica y de dos organizaciones no gubernamentales para impedir que el gobierno otorgase licencias de prospección de hidrocarburos en el mar de Barents. Los demandantes habían argumentado que las licencias vulnerarían el compromiso de Noruega con el Acuerdo de París, así como la Constitución noruega. Aunque el tribunal estaba de acuerdo en que el derecho a un medio ambiente saludable es un derecho reclamable, concluyó que las licencias no lo vulnerarían.

«A veces, los jueces toman malas decisiones. Dijeron que esto no podía ser una violación del derecho noruego a un medio ambiente saludable porque el petróleo va a exportarse», afirma Boyd. «Este caso puede apelarse y la audiencia será este otoño».

Nuevos fundamentos legales

La cuestión constitucional es la base del caso estadounidense. Los abogados de los gobiernos de Obama y Trump han argumentado desde el principio que no existe tal derecho constitucional, y el gobierno de Trump ha intentado que el caso sea desestimado en repetidas ocasiones.

Estados Unidos es uno de los 38 estados miembros de la ONU que no posee protecciones constitucionales expresas de un medio ambiente saludable. La juventud sostiene que dicha expresión no es necesaria para que los tribunales fallen a su favor. Sostienen que la promoción de la producción de combustibles fósiles y la indiferencia ante los peligros de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del gobierno federal han creado «un sistema climático peligroso e inestable» que amenaza sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad, que sí están recogidos en la Constitución estadounidense. La juez estadounidense Anne Aiken ordenó que el caso se juzgara por estar de acuerdo con sus argumentos.

El reconocimiento de los derechos medioambientales en ese contexto podría convertirlo en un caso histórico, como el de «Brown contra la Junta de Educación», una sentencia de 1954 que declaraba que la segregación en escuelas públicas era inconstitucional, o «Roe contra Wade», la sentencia de 1973 que reconocía que el acceso al aborto era un derecho constitucional.

En junio, en las alegaciones ante tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, Jeffrey Clark, ayudante del fiscal general, describió la demanda como una «daga para la separación de poderes».

Añadió que «es una demanda diseñada para evadir una serie de estatutos».

En una animada audiencia de una hora, la sala transmitió su escepticismo a Clark y Julia Olson, la abogada principal de los jóvenes.

«Están instándonos a abrir nuevas vías», declaró el juez Andrew Hurwitztold Olson. «Comprendo los problemas que describen. Pero no deberían afirmar que esta es una demanda normal y corriente. Nos piden que hagamos muchas cosas nuevas».

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.