El comercio legal de vida silvestre es lo que debería preocuparnos para evitar la próxima pandemia

Veinte mil ranas toro procedentes de China se cocinarán y se comerán como ancas de rana. Cuarenta mil monos verdes de San Cristóbal y Nieves se usarán en investigación biomédica. Trescientas almejas gigantes de Vietnam y 30 rayas de la Amazonia brasileña se comprarán para acuarios domésticos.

En este conjunto variopinto se vislumbra una parte minúscula del comercio internacional legal de fauna silvestre un día cualquiera en uno de los 41 puertos de entrada donde trabajan los inspectores del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Yo veía continuamente partidas como estas (junto a cajas llenas de botes de champú, pepinos y rosas recién cortadas) en el Puerto de Newark, Nueva Jersey, cuando fui inspector de fauna silvestre entre 2004 y 2010.

En 2019, se importaron a Estados Unidos especies silvestres legales y productos derivados por valor de 4300 millones de dólares por aeropuertos, puertos y cruces fronterizos. Aproximadamente 200 millones animales vivos se importan a Estados Unidos cada año, según un informe comercial de cinco años: 175 millones de peces para el comercio de acuarios y 25 millones de animales integrados por una serie de mamíferos, anfibios, aves, insectos, reptiles y arácnidos, entre otros. Asimismo, cada año se interceptan miles de cargamentos de fauna silvestre enviados ilegalmente. Solo en 2019, la agencia abrió más de 10 000 investigaciones de tráfico de fauna silvestre.

Junto a esta diversidad de fauna, también entra al país un caleidoscopio de patógenos. He trabajado 10 años en el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, primero como inspector y más recientemente como especialista en las políticas que regulan y gestionan el comercio de fauna internacional. Mi experiencia me ha demostrado que, aunque se han aplicado muchos controles para combatir el tráfico, la mayoría de las enfermedades que entran en el país de polizones en fauna importada legalmente siguen pasando inadvertidas.

Importar cualquier animal vivo conlleva riesgo de enfermedad para la fauna autóctona, el ganado y las personas. El brote del nuevo coronavirus en China, que en teoría habría saltado de murciélagos a humanos y después se propagó en un mercado mojado de Wuhan, posiblemente por un huésped intermedio, ha centrado la atención en la facilidad con la que pueden surgir las enfermedades zoonóticas de los animales salvajes. De hecho, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, se estima que un 60 por ciento de las enfermedades humanas conocidas proceden de los animales.

Gran parte del debate público sobre la COVID-19 se ha centrado en el posible papel del tráfico de fauna a la hora de propagar patógenos. Pero como especialista en el comercio de fauna silvestre y biólogo de conservación (he estudiado la propagación de enfermedades entre ranas importadas), he aprendido que necesitamos pensar de forma igualmente crítica sobre los riesgos y las vulnerabilidades que plantea el comercio legal, que sigue poniéndonos tanto a nosotros como al resto del mundo en peligro de sufrir más pandemias.

Con algunas excepciones, Estados Unidos no cuenta con una legislación que exija un seguimiento de enfermedades en la vida silvestre que entra en el país y por consiguiente la gran mayoría de las importaciones de animales salvajes no se analizan. Los inspectores del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre son los primeros que ven un cargamento de animales importados y son los responsables de aplicar varias leyes, normativas y tratados nacionales e internacionales destinados a impedir el comercio ilegal e insostenible. Sin embargo, su cometido no incluye la supervisión de la salud animal ni humana. Su única responsabilidad relacionada con las enfermedades es la aplicación de normas que limitan el comercio de determinadas especies de peces y salamandras, que pueden contagiar enfermedades devastadoras a otros animales de su tipo.

De hecho, no existe ninguna agencia federal encargada de detectar y controlar enfermedades en la fauna importada.

Jasmine Reed, portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), afirma que los CDC regulan la importación de vida silvestre y productos derivados que «constituyen un motivo de preocupación para la salud pública», centrándose principalmente en murciélagos, roedores africanos y primates no humanos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) solo interviene si existe el riesgo de contagiar una enfermedad a las aves de corral y los animales de granja de importancia agrícola.

Por consiguiente, no se examina a millones de animales que entran legalmente a Estados Unidos cada año y que poseen el potencial de traer enfermedades que puedan extenderse a humanos u otros animales.

Los CDC insisten en que lo supervisan. «Los CDC colaboran con otras agencias federales para garantizar que los animales y los productos derivados que constituyen un motivo de preocupación para la salud pública estén regulados», afirma Reed. «Colaboramos con agencias internacionales para evaluar constantemente lo que hacemos nosotros y la comunidad de salud pública internacional para detectar, prevenir y controlar enfermedades zoonóticas peligrosas».

«Estoy segura de que nuestras autoridades hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Pero no estoy segura de que ese sea un buen punto de referencia cuando hablamos de dejar la puerta abierta [a posibles enfermedades que suponen] un peligro para nuestra salud y seguridad», afirma Catherine Machalaba, asesora política de Ecohealth Alliance, una organización sin ánimo de lucro centrada en los vínculos entre la salud de la vida silvestre y la humana.

El problema no se da solo en Estados Unidos: la mayoría de los países carecen de una agencia gubernamental que examine de forma exhaustiva la presencia de patógenos en especies silvestres importadas. «La ausencia de una entidad formal dedicada a prevenir la propagación de enfermedades mediante el comercio de fauna silvestre es una deficiencia crónica en todo el mundo», afirma Machalaba. «Cuando citan a varias agencias para un cargamento cualquiera, hay personal limitado y una falta de coordinación, así que va a haber deficiencias, una falsa sensación de seguridad de que otra agencia lo tiene bajo control».

Brotes del comercio legal

Lee Skerratt, investigador de bioseguridad de vida silvestre en la Universidad de Melbourne, Australia, señala que muchos brotes zoonóticos recientes que han afectado a los humanos han surgido de un comercio que entonces estaba permitido.

Por ejemplo, en 2003 varias personas enfermaron en seis estados de Estados Unidos por exponerse al virus de la viruela del mono después de que entrara al país en un cargamento de 800 roedores de Ghana destinado al mercado de mascotas. En aquel cargamento había ratas de Gambia, ardillas listadas africanas y lirones que eran portadores del virus. Se propagó a los perritos de las praderas que se encontraban en la misma instalación de comercio de mascotas, donde se vendieron al público, dando lugar al brote de animales a humanos. Por suerte, aunque puede producirse una transmisión entre humanos de la viruela del mono, no se confirmó ningún caso.

Tres meses después de la importación de los animales infectados, los CDC prohibieron la importación de todos los roedores africanos a Estados Unidos. Esto dio al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre potestad legal para detener cargamentos que violaran dicha prohibición y alertar a los CDC, que podrían optar por imponer una cuarentena, reexportarlos o sacrificar a los animales.

Machalaba señala que, aunque este brote dio lugar a una prohibición de la importación de roedores africanos, el gobierno se abstuvo de evaluar el riesgo de que los roedores procedentes de otros lugares pudieran ser portadores de enfermedades que exigieran regulación.

«La vida silvestre que entra en Estados Unidos procede de muchos países que son “zonas calientes” de enfermedades emergentes que podrían ser motivo de preocupación para la salud humana, pero que también supondrían un peligro para otros sectores si entran en nuestros sistemas de alimentación y nuestros ecosistemas», afirma Machalaba.

Deficiencias conocidas

Las autoridades han sido conscientes durante años de las deficiencias del sistema normativo estadounidense. En 2005, la Academia Nacional de Ciencias publicó un informe en el que describía una «laguna importante en la prevención y la detección rápida de enfermedades emergentes» en la fauna silvestre importada.

Cinco años después, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, que audita el gasto y las operaciones del gobierno, publicó un informe sobre la importación de animales vivos y las enfermedades. Determinó que el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre «no suele restringir la entrada de vida silvestre importada que plantee un riesgo de enfermedad». Asimismo, el informe señala que los CDC no usan todo su poder para impedir la importación de animales vivos que puedan ser portadores de enfermedades zoonóticas.

El informe de 2010 recomendaba que los CDC, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y el USDA desarrollasen e implementaran una estrategia coordinada para impedir la importación de animales que pudieran ser portadoras de enfermedades. Sin embargo, una evaluación de seguimiento de 2015 descubrió que las agencias no habían tomado medidas. Según el documento, carecían de los recursos económicos y el personal necesarios para hacerlo.

La capacidad de prevenir y controlar enfermedades zoonóticas emergentes exige comprender la diversidad y la abundancia de los patógenos importados. Skerratt indica que, si no se controla ni se vigila la fauna silvestre importada, no tendremos esta información. «Es un problema para el comercio de fauna silvestre, porque hay muchas incógnitas, sobre todo en lo que respecta a las enfermedades que puedan afectar a otros animales salvajes», explica.

Los CDC también reconocen esa falta de investigación. «Necesitamos obtener más datos con evaluaciones de riesgo e investigaciones básicas antes de añadir normas nuevas», afirma Reed.

Es un callejón sin salida: para que una agencia recopile sistemáticamente datos de patógenos de productos importados de fauna silvestre, necesitaría un mandato jurídico del gobierno. En cambio, el gobierno solo se lo otorgaría cuando tuviera datos sobre patógenos para orientar sus decisiones.

Una catástrofe para los anfibios

Los patógenos transmitidos de animales a humanos no son la única causa de preocupación. El hongo quítrido de los anfibios, el patógeno fúngico acuático Batrachochytrium dendrobatidis, es la primera enfermedad que infecta a cientos de especies simultáneamente y que está provocando la extinción de algunas. Es peligroso porque puede saltar entre casi cualquier anfibio, una clase con más de 8000 especies. Ya ha llegado a áreas protegidas remotas de todo el mundo. En mi investigación de doctorado, descubrí que las importaciones de ranas toro criadas en granjas industriales (casi 2,5 millones al año, más que cualquier otra especie de anfibio viva) introducen una cantidad muy elevada de animales infectados con el quítrido en Estados Unidos.

Los científicos han constatado el papel del comercio transcontinental legal como motor de la pandemia del quítrido, pero el comercio continúa pese al coste económico y biológico. Por ejemplo, a nivel nacional, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre ha invertido millones de dólares para impedir que el quítrido provoque extinciones de especies autóctonas (como el sapo de Wyoming, en peligro de extinción) mediante iniciativas de cría en cautividad y reintroducción. Sin embargo, sigue permitiendo la importación legal de anfibios que contagian el propio patógeno que amenaza a esas especies autóctonas.

Los humanos nunca han formado parte de una pandemia de la escala de la que afecta a los anfibios. Incluso las tragedias como la peste bubónica de mediados del siglo XIV y la pandemia de gripe de1918 devastaron a una sola especie de mamíferos: los humanos. Por su parte, las enfermedades emergentes de la fauna silvestre, como el quítrido, han sido mucho menos selectivas en la diversidad y la cantidad de huéspedes animales a los que pueden infectar y matar. Imagina que la próxima pandemia pudiera infectar a cientos de las 5000 especies de mamíferos del mundo (humanos incluidos) y provocar la extinción de muchas.

La mejor forma de minimizar el riesgo

El comercio internacional de vida silvestre implica una gran variedad de plantas y animales y muchas son una parte normal de nuestras vidas cotidianas: marisco importado para cenar, madera para construir casas e instrumentos musicales, aves, ranas y peces de acuario como mascotas, botones de madreperla en las camisas de vestir, plantas medicinales como el ginseng, aceites esenciales cosméticos como el de argán, incienso e incluso muchas de las orquídeas y cactus con los que decoramos nuestras casas. Por eso parece improbable poner fin al comercio legal de vida silvestre y por eso, según Skerratt, controlar la enfermedad en su origen es la mejor forma de minimizar el riesgo para la salud pública.

Según Matthew Gray, director adjunto del Centro de Salud de Vida Silvestre de la Universidad de Tennessee, en Knoxville, lo fundamental para reducir la propagación de patógenos es un programa de «comercio limpio» en el que el sector privado y las agencias gubernamentales colaboren para aplicar estrategias más seguras.

Gray sostiene que dicho comercio limpio podría entrañar análisis antes del transporte o en la frontera para acompañar los cargamentos de certificados sanitarios, un requisito similar al que se exige para el ganado. «Si el comercio limpio no es económicamente sostenible, el gobierno podría subvencionarlo, como hace normalmente con la agricultura», afirma.

Peter Jenkins, asesor de Public Employees for Environmental Responsibility, una organización medioambiental sin ánimo de lucro, sostiene que no debería ser muy difícil mucho desarrollar un programa en Estados Unidos para llevar a cabo un control de patógenos en la fauna silvestre importada y desarrollar evaluaciones de riesgo. «Tenemos un modelo buenísimo para esto: el comercio de ganado en Estados Unidos». El Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas aplica un sistema exhaustivo de servicios veterinarios y controles comerciales para reducir los riesgos de importar patógenos que puedan ser perjudiciales para animales como vacas, ovejas o aves de corral, entre otros.

Jenkins estima que dicho programa podría ponerse en marcha a un precio razonable, con solo dos millones de dólares y seis empleados del gobierno a tiempo completo, una cifra desarrollada con el personal del Congreso cuando Jenkins presionaba para expandir el programa de «vida silvestre perjudicial» del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. «No hablamos de un programa Cadillac. Solo necesitamos a gente que investigue, haga previsiones de riesgo y después ponga en práctica dichas previsiones para reducir el riesgo».

Pero eso no se ha hecho.

«Parece que hay una falta de incentivos económicos para crear legislación sanitaria de vida silvestre en Estados Unidos y regular las vías de propagación de los patógenos de la fauna silvestre, pero la enfermedad COVID-19 pone de relieve las consecuencias de no conocer estos patógenos», afirma Priya Nanjappa, directora de operaciones en Conservation Science Partners, Inc., una organización sin ánimo de lucro que investiga y analiza proyectos de conservación.

La falta de incentivos, según Nanjappa, parece deberse a la falsa creencia de que, si una enfermedad importada no plantea un peligro inmediato para la salud pública o los animales agrícolas, no supone una amenaza grave para los intereses económicos. Pongamos el ejemplo del síndrome de la nariz blanca, un hongo que ha diezmado a millones de murciélagos de varias especies en Estados Unidos. Algunos de estos desplomes de las poblaciones de murciélagos han derivado en protecciones conforme a la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos, que a su vez restringe las actividades económicas como la tala dentro de los hábitats de la especie.

Los CDC, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y el USDA no han hecho declaraciones al respecto de los tipos de recursos que necesitarían para llevar a cabo más evaluaciones de riesgo, aplicar controles de enfermedades en el comercio de vida silvestre o si la pandemia los llevará a exigir una mayor vigilancia de las enfermedades.

La COVID-19 ha sacado a relucir deficiencias que han existido durante años, así que este es el momento de que las mentes más brillantes del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, los CDC, el USDA, la industria y el mundo académico colaboren y consideren qué medidas pueden tomar para cerrar esta brecha antes de que llegue la próxima pandemia de origen animal.

Jonathan Kolby es un exagente del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y especialista en política,específicamente el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Su investigación de doctorado en la Universidad James Cook se centró en bioseguridad y la propagación de los patógenos de la fauna silvestre mediante el comercio internacional. Es explorador de National Geographic y ha contribuido a fundar el Centro de Conservación y Rescate de Anfibios de Honduras, que trabaja para combatir la crisis de extinción de los anfibios provocada por el hongo quítrido. Síguelo en Twitter e Instagram.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.