«Contamos el tiempo por muertos»

Los puertos europeos son hoy, tras un mes de bloqueo de los buques españoles de rescate, el escenario de lo que se ha convertido en una guerra fría entre la ayuda humanitaria y la Europa de la vergüenza. Amarrados a tierra, lejos de las zonas de alta mar donde se necesitan, esperando a que alguien rompa un silencio que mata. Una indiferencia que ahoga.

Mientras, en el Mediterráneo, el corredor migratorio más mortífero del planeta, no hay ningún bote de rescate. El Open Arms en el puerto de Barcelona, el Aita Mari, de Maydayterráneo, en Bilbao, el See Watch en Catania, Italia.

Se trata del segundo capítulo de una estrategia política que ya inició Europa cuando desvió su política a favor de que la Guardia Costera Libia interceptase a los migrantes en alta mar para llevarles a centros de detención ilegales en territorio libio, donde las torturas y las violaciones son diarias, según denuncia el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). ¿El coste a pagar por evitar que lleguen a nuestras costas? La vulneración sistemática de los derechos humanos más fundamentales.

“Ya han dejado morir a 427 personas en el Mediterráneo”, reza la web de Proactiva Open Arms. Anclados en razones técnicas, infundadas según las ONG, ambos gobiernos mantienen la prohibición de acudir al Mediterráneo Central a realizar rescates bajo el argumento de que se encarga la Guardia Costera Libia.

El Mediterráneo, en manos de Libia

“Hay una intencionalidad y una motivación política”, afirma Iñigo Mijangos, presidente de Maydayterráneo, en declaraciones a National Geographic España. “Cualquier persona con un mínimo de sentido común y sensibilidad se da cuenta de que las argumentaciones no tienen ningún fundamento, no sé cómo puede argumentarse que están más inseguros a bordo del barco que muriéndose en el agua”.

Ante la acusación del ministro Ábalos sobre que las ONG no quieren ir a Libia, Oscar Camps, el director de Proactiva Open Arms, respondía a través de un comunicado de la organización afirmando que “desde Naciones Unidas e incluso desde la propia Unión Europea, denuncian la vulneración de todos los derechos en un estado fallido como Libia, donde tres grupos armados se autoproclaman gobierno legítimo de Libia, y ninguno de ellos tiene control del territorio, ni siquiera de la propia capital”.

Partiendo de esa base, “¿cómo van a tener el control de los 350.000 kilómetros cuadrados de zona SAR [zona de búsqueda y rescate] que les han asignado, y en la que hacen devoluciones en caliente con barcos y formación donadas por la propia Unión Europea, adiestrados incluso por la Guardia Civil?”, concluye Camps.

Vincent Cochetel, enviado especial de ACNUR para el Mediterráneo Central, anunciaba el pasado jueves a través de su cuenta de twitter que 159 refugiados habían logrado ser evacuados de Libia a Níger, donde existe un centro de refugiados abarrotado al que llegan algunas de las pocas personas que la ONU logra sacar de Libia. Lo llaman “Mecanismo de Tránsito de Emergencia”, un lugar al que llevara los recién nacidos, a niños que migran solos, embarazadas, madres solas o personas enfermas hasta que la organización encuentra una opción a largo plazo.

Estas evacuaciones comenzaron en noviembre de 2017 con rumbo a Níger, Italia y Rumanía. Pero a los pocos meses, mientras el número de refugiados y migrantes interceptados crecía a un ritmo alarmante, la organización se encontró con la imposibilidad de evacuar a más personas. “Sencillamente, porque no tiene a dónde llevarlas”, aseguraba Christophe Biteau, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Libia, en una entrevista a National Geographic España. “El centro de Níger está abarrotado y nadie en Europa quiere aceptarles”.

El pasado año la situación se volvió insostenible en Libia, pasando de 3.000 personas detenidas en estos centros ilegales a las casi 12.000 que cifraba la ONU a varios meses vista de cerrar el año. De todos ellos, ACNUR logró evacuar a lo largo de todo el año a 2.500 personas.

Por ello, los 159 rescatados de la pasada semana suponían un auténtico logro. “Para muchos, puede sonar como una gota de agua en un océano de necesidades, para nosotros es llevar a los refugiados a la protección que no pueden obtener en Libia y salvar vidas”, aseguraba Vincent Cochetel.

Contra el derecho internacional

El director de Open Arms narra cómo el motivo de bloqueo, “que se basa en el supuesto de que Italia y Malta no darán un puerto seguro y el buque deberá llegar hasta España comprometiendo la seguridad de todas las personas a bordo”, se ve contradicho por ellos mismos cuando les hacen desembarcar en el puerto más lejano y navegar por tanto 4 días más de un puerto a otro con dos temporales.

“Open Arms no vulnera ningún convenio”, afirma Camps, “son los estados con competencias en la zona quienes están vulnerando permanentemente el derecho internacional, el convenio de derecho del mar y el convenio SAR. Italia y Malta lo hacen negando la entrada de los barcos en sus puertos, y Libia también porque no es un puerto seguro para las personas rescatadas”.

La misma situación vive el barco de See Watch International en Catania, que denunciaba la situación el pasado día 10 afirmando que “no es una sorpresa para ellos que el fiscal no haya encontrado ninguna conducta ilegal en el Sea Watch o su tripulación. Sin embargo, ha confirmado que las personas hubieran muerto si no hubiéramos intervenido en los rescates. Es un movimiento táctico de las autoridades italianas”, concluye.

Mientras, las consecuencias de un Mediterráneo sin ayuda humanitaria siguen su curso. La semana pasada, The Alarm Phone, una organización independiente de apoyo a los migrantes, daba la voz de alarma al haber recibido una llamada de emergencia de un bote con 150 personas a bordo, incluidas 50 o 60 mujeres y 30 niños, gente enferma y embarazada. Al no haber barcos cercanos a quienes poder transmitir la alerta, perdieron la conexión. La siguiente noticia fue que habían sido interceptados por Libia.

Movimientos internacionales como SeeBrüke (puente del mar), iniciado en Alemania, promueve un cambio en la política europea a favor de la despenalización del rescate y de la apertura de canales seguros. Mientras, España se moviliza a través de firmas online que permitan zarpar a los buques. Los ministros deberán enfrentarse a los recursos interpuestos por las organizaciones, aunque Ábalos ya se ha visto obligado a realizar declaraciones parlamentarias y el Parlamento de Cataluña votará su comparecencia por la decisión.

“El rescate no es un fin en sí mismo, sino una obligación”, afirma Camps. Al hablar sobre el tiempo que el buque podría llegar a estar bloqueado, declara: “Contamos el tiempo por muertos”.