La tragedia se cierne sobre los campos de refugiados ante la propagación del coronavirus
Las terribles condiciones de vida en los campos de refugiados aumentan el riesgo de propagación de un brote de COVID-19 y harían imposible su contención.
La ofensiva militar llevada a cabo por el Gobierno de Siria ha llevado al desplazamiento de casi un millón de refugiados a la región de Idlib entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. La mayoría de ellos viven en espacios superpoblados y entornos muy antihigiénicos, funestos para la propagación de la pandemia.
En algunas zonas del campo de refugiados de Moria, en Lesbos, tan solo hay un grifo de agua por cada 1.300 personas. No hay jabón disponible. A cada paso, familias de cinco o seis miembros duermen en tiendas de apenas tres metros cuadrados. Las condiciones de hacinamiento, la falta de servicios de saneamiento y el limitado acceso a atención médica vuelven extremadamente alto el riesgo de propagación del COVID-19 entre los refugiados.
Mientras los gobiernos del mundo entero cancelaban eventos y prohibían concentraciones, las 42.000 personas que sobreviven en los campos de las islas griegas del Egeo se encuentran expuestas a un elevado riesgo que resultará nefasto en una realidad que ya de por sí mantiene un dudoso y frágil equilibrio.
Las medidas preventivas recomendadas para evitar la propagación del COVID-19 no son aplicables en campos de refugiados como el de Moria. «El lavado frecuente de manos y el distanciamiento social resultan simplemente imposibles», afirma Hilde Vochten, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Grecia. «Debemos ser realistas: sería imposible contener un brote en campos como los que hay en Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Kos».
Y denuncia: «Forzar a las personas a vivir allí como parte de la política de contención de Europa siempre fue irresponsable, pero está a punto de convertirse en criminal si no se toman medidas para protegerlas», denuncia la organización humanitaria.
Según afirma Save The Children, la guerra en Siria ha obligado en los últimos meses a cerca de un millón de personas a huir y asentarse en campamentos masificados, tras más de nueve años de conflicto armado.
"En Cox's Bazar, Bangladés, el asentamiento de refugiados más grande del mundo, actualmente no existe un sistema para detectar o evaluar el coronavirus ni unidades de cuidados intensivos para casi un millón de personas refugiadas, la mitad de ellos niños y niñas. El hacinamiento es elevado y hay escasa libertad de movimientos por lo que un brote del virus resultaría catastrófico".
En la clínica pediátrica del campo de Moria se atiende a niños y mujeres embarazadas.
«¿Cómo le puedes pedir a una persona que vive en una tienda que se aísle en una habitación? ¿Cómo le puedes pedir que evite el contacto social si tiene que hacer cola en un espacio muy pequeño para comer o ir al baño? ¿Cómo le puedes pedir a un niño o a una mujer embarazada que aumente su nivel de higiene si no hay suficientes letrinas, ni duchas ni puntos de agua?», se pregunta Marco Sandrone, coordinador en Lesbos.
Primeras evacuaciones y reubicación de niños
El primer caso confirmado de COVID-19 en la isla de Lesbos —una ciudadana griega que vivía en un pueblo a 35 kilómetros del campo de Moria— se registró el 9 de marzo. Desde entonces, diversas organizaciones humanitarias han pedido la evacuación de las personas más vulnerables a lugares donde se puedan aplicar las medidas preventivas.
«Podrían ser tu padre, tu madre. Tus abuelos. Merecen la misma protección que nosotros. Pero es difícil encontrar protección en un campo de refugiados. La restricción de movimientos para estas personas no significa quedarse en un hogar seguro y acomodado, significa seguir atrapado en una pesadilla infernal», denuncia la promotora de salud en Moria Natasha Stoughton.
El campamento de Deir Hassan consta de varios asentamientos con más de 120 000 personas desplazadas. Las condiciones de vida son graves debido al frío, la falta de saneamiento y servicios básicos.
La semana pasada, el gobierno griego anunció su apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el traslado de 2.300 personas especialmente vulnerables frente a la COVID-19 fuera de los campos. Hoteles y apartamentos en las propias islas o en Grecia continental se convertirán en el tímido pero positivo avance hacia la protección de miles de niños, ancianos y mujeres embarazadas.
Como parte de un programa de reubicación de 1.600 niños no acompañados desde las islas griegas a otros países europeos, Luxemburgo y Alemania acogieron en los primeros días a 62 menores, medida por la que llevan años abogando diversas organizaciones humanitarias. Tan solo en el campo de Moria hay actualmente 820 menores no acompañados y ninguno ha sido aún acogido por otros países europeos.
Infancia olvidada
Con zonas que sobreviven con la atención de dos médicos para más de 800 personas, la pequeña clínica pediátrica que gestiona la organización atiende a más de cien pacientes cada día. Entre ellos hay niños y niñas con enfermedades cardíacas graves, casos de epilepsia o diabetes. Sin embargo, la mayoría de los niños acuden por problemas relacionados con las condiciones de vida en las que han sido confinados: problemas respiratorios, dermatológicos, de nutrición o psicosomáticos. Trastornos del sueño, de la concentración, el desarrollo y, el peor: mucho miedo.
Tan solo en el campo de Moria hay actualmente 820 menores no acompañados y ninguno ha sido aún acogido por otros países europeos.
«Cuidamos a los niños que luchan por seguir siéndolo. Están asustados, expuestos a situaciones peligrosas y sin un lugar seguro donde permanecer. Se cierran en sí mismos», explican los profesionales que amortiguan las injusticias de Moria como vaciando un mar a cubos. «Además del trauma de la guerra y de la huida, el sufrimiento de vivir en Lesbos roba toda esperanza a nuestros pequeños pacientes. El derecho a ser niños es devorado por la miseria de un campo sin dignidad, a las puertas de Europa».
Asentamientos de refugiados en Idlib
En ocho meses, el campo de refugiados de Lesbos, una instalación diseñada para 3.000 personas, ha pasado de albergar a 6.500 a las más 20.000 actuales. Pero las islas griegas no son el único lugar donde la precariedad y el hacinamiento de los refugiados se vuelve tierra fértil para la nueva amenaza por el COVID-19.
El campo de Deir Hassan, en la provincia de Idlib, es uno de los muchos campos a los que cientos de miles de familias desplazadas huyeron para escapar de la ofensiva militar de las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados rusos entre diciembre de 2019 y principios de marzo de 2020. El lugar alberga a más de 164.000 personas en asentamientos dispersos sobre colinas y, como es el habitual en el noroeste de Siria, carece de servicios básicos. Ahora, Deir Hassan también sufre una nueva amenaza, como el resto de la región, por el COVID-19.
Allí, las personas no pueden permitirse frenar sus vidas. Seguir con sus actividades, trabajar y conseguir algo de dinero es la fina línea que les separa de aumentar aún más su situación de miseria; lo único que les permite sobrevivir.
Una mujer acude con su hija a un puesto de atención en el campo de Moria, Lesbos.
Las grandes necesidades en el terreno confrontan con los escasos recursos de los que disponen las ONG y se enfrentan a una pandemia mundial que limita aún más los posibles movimientos y actuaciones. Un trabajador de MSF que lleva en el terreno desde 2012, y que no ha podido hacer pública su identidad por seguridad, asegura que después de ver todas las situaciones anteriores y su evolución, «esta es la peor. Desde el inicio de la revolución en Siria hace nueve años, es la primera vez que el número de desplazados alcanza más de un millón y sin una respuesta de ayuda adecuada», explica.
«La situación fuerza a la población a permanecer en una franja estrecha de terreno en la que, además, los bienes básicos son muy caros y es muy difícil conseguir trabajo, así que hay mucha pobreza y enormes necesidades. Por si fuera poco, más de una decena de hospitales han sido atacados en los últimos cuatro meses».
El coronavirus amplifica la tragedia en el Mediterráneo
Las consecuencias de las políticas europeas y el agravamiento de la situación de los refugiados debido al COVID-19 no termina en tierra, sino que recrudece también la tragedia que viven desde hace años quienes tratan de cruzar el Mediterráneo. Aludiendo al COVID-19 como justificación para no ayudar, los países europeos han tomado la posición de no atender a las llamadas de socorro de múltiples botes en alta mar, y rechazaron proporcionar un lugar seguro para el desembarco de casi 200 personas rescatadas por dos organizaciones no gubernamentales.
Esta medida ante el coronavirus marcó una Semana Santa trágica en alta mar, debido a que una llamada de socorro de un bote con 47 personas a bordo no recibió asistencia por parte de las Fuerzas Armadas de Malta durante más de 40 horas. La embarcación de Salvamento Marítimo Humanitario Aita Mari desvió finalmente su trayectoria para este rescate cuando iba a proporcionar asistencia vital.
Las organizaciones humanitarias reparten toneladas de víveres y kits sanitarios en los asentamientos de refugiados de Siria.
Otro barco no tuvo la misma suerte, y tras la omisión de rescate por parte de Malta, permaneció varado hasta ser recogido por un barco comercial con cinco muertos y siete desaparecidos. Los supervivientes fueron devueltos a Trípoli por un barco libio, pero no pudieron desembarcar durante varias horas debido al continuo bombardeo en el área del puerto.
El fracaso de Europa
«Nos preocupa que los estados estén instrumentalizando las medidas de control de la pandemia para justificar violaciones del derecho internacional y los principios humanitarios, dejando a los más vulnerables morir en la frontera con Europa», afirma Annemarie Loof. «Salvaguardar el bienestar de los que están en tierra y cumplir el deber de salvar vidas en el mar no son principios excluyentes».
Con los mecanismos de reasentamiento, reubicación y repatriación suspendidos, actualmente tampoco hay alternativa para los refugiados y migrantes que intentan escapar de Libia, un país que se ha visto envuelto en un conflicto durante el último año. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 650.000 refugiados y migrantes están ahora varados en el país. Solo durante la semana pasada, más de 700 personas intentaron huir en endebles botes de madera y goma, su único medio de escapar del desastre humanitario en curso.
A pesar de que la Organización Nacional de Salud Pública trabaja de la mano de las ONGs para coordinar diversas actividades, incluida la promoción de información de salud en los campos y la gestión de casos, «todavía no hemos visto un plan de emergencia verosímil para proteger y tratar a las personas que viven en los campos de refugiados en caso de brote», concluye Vochten.
En cada lugar del mapa y bajo cada ángulo de esta compleja realidad, la pandemia mundial afila los riesgos de los refugiados como una nueva amenaza a la que hacer frente: aquella que agudiza el recorrido de todas las anteriores.
