Informan de las primeras muertes con coronavirus en las comunidades indígenas de la Amazonia
Según el presidente de un destacado grupo brasileño de defensa de los derechos indígenas, «la COVID-19 tiene un terreno fértil para propagarse rápidamente entre las poblaciones que viven en la Amazonia».
El río Itaquaí, que serpentea por la región occidental de la Amazonia brasileña, se adentra en la Terra Indígena Vale do Javari, una vasta reserva donde viven las tribus indígenas más aisladas del mundo. Los expertos sanitarios y los defensores de los derechos indígenas temen que todos los grupos indígenas se enfrenten al exterminio si se exponen al coronavirus. Están instando al gobierno a tomar medidas urgentes para salvaguardar las fronteras de los territorios donde viven aisladas del resto del mundo tribus muy vulnerables.
Las autoridades brasileñas y los activistas por los derechos indígenas han alertado de una catástrofe inminente de salud pública ante las primeras notificaciones de muertes con coronavirus en poblaciones indígenas muy vulnerables de la región de la Amazonia.
El 9 de abril, los sanitarios del estado septentrional de Roraima informaron del fallecimiento con COVID-19 de un adolescente yanomami, lo que ha intensificado el temor por que haya transmitido la enfermedad a amigos y vecinos tras haber desarrollado síntomas hace tres semanas. El joven se había movido por una zona plagada de buscadores de oro y se desconoce dónde la contrajo o quién se la contagió.
Este caso supone la segunda muerte de una persona indígena en Brasil. La cantidad total de infecciones confirmadas en las tribus del país asciende a siete y se reparten por tres estados amazónicos. Incluyen a cuatro cocamas emparentados contagiados en el estado occidental de Amazonas por un médico del servicio de salud indígena que había vuelto recientemente de una conferencia en el sur de Brasil y no había respetado los protocolos de aislamiento.
Los habitantes indígenas de Moxihatetema, una aldea en el corazón del territorio indígena yanomami en el estado de Roraima, han evitado constantemente el contacto con los forasteros e incluso con otros grupos de yanomamis. Sin embargo, se han detectado operaciones ilegales de minería de oro a dos días a pie desde la aldea. Los líderes indígenas culpan a la presencia de mineros de la primera muerte por COVID-19 documentada de un yanomami y temen que aldeas como Moxihatetema se vean arrasadas si no expulsan a los prospectores.
En el estado norcentral amazónico de Pará, las pruebas post mortem solicitadas por los investigadores confirmaron que una mujer borari de 87 años había fallecido con la COVID-19. Mucha gente asistió a su funeral a finales de marzo sin ser consciente de que era portadora del virus letal y de que podía transmitir la enfermedad. La asistencia de cientos de personas a la ceremonia ha avivado el miedo a que aparezcan muchos más casos en los próximos días, lo que podría abrumar los frágiles sistemas sanitarios de la región.
«Debido al alto grado de movimiento de personas entre los estados de la Amazonia, unido a la falta de políticas públicas... la COVID-19 tiene un terreno fértil para propagarse rápidamente entre las poblaciones que viven en la Amazonia, lo que podría resultar desastroso a corto y medio plazo», explicó Roque Paloschi, arzobispo de Porto Velho, Rondonia, y presidente del grupo católico por los derechos indígenas Consejo Indigenista Misionero.
El 8 de abril, el Ministerio Público Federal de Brasil, la oficina del fiscal federal, advirtió del «riesgo de genocidio» ante las alegaciones de que la FUNAI, la agencia brasileña de asuntos indígenas, no había tomado medidas suficientes para proteger a las comunidades indígenas del contagio del coronavirus. El Ministerio Público Federal también reiteró su llamamiento a la retirada inmediata de Ricardo Lopes Dias, un misionero evangélico a quien nombraron director de Coordinación General de Indios Aislados y Recién Contactados de la FUNAI en febrero
Dias es un pastor veterano de la Misión de las Nuevas Tribus de Brasil (MNTB), fundada en Los Ángeles en 1942 con el objetivo de evangelizar a las tribus aisladas de Sudamérica. Su nombramiento para este cargo sensible de la FUNAI suscitó inquietud por que alejara el departamento de su papel estratégico a la hora de proteger a las tribus aisladas de las fuerzas del mundo exterior.
En décadas de labor meticulosa, los agentes de campo de la FUNAI han confirmado la existencia de 28 comunidades que viven en aislamiento extremo en la Amazonia brasileña y es posible que haya otras 80 o más. Desde 1987, la política federal ha prohibido la entrada de forasteros a los territorios donde existe una presencia conocida de grupos aislados, principalmente para proteger a las tribus de enfermedades transmisibles contra las que tienen poca o ninguna defensa inmunológica.
Los críticos temen que Dias haga la vista gorda con misioneros y grupos con fines lucrativos que traspasen las fronteras de los territorios donde viven estos grupos, lo que los dejaría expuestos al contagio y los despojaría de sus tierras y tradiciones.
Dias desestimó las alegaciones e insistió en que su departamento sigue actuando desde 21 puestos que controlan el acceso a las tierras donde hay grupos aislados.
«La FUNAI sigue teniendo un firme compromiso con la protección de Indios Aislados y Recién Contactados. Seguimos las pautas de las autoridades sanitarias competentes y tomamos medidas para gestionar la crisis de salud global de la mejor manera posible», escribió en un email a National Geographic.
Los kayapós, que viven en la cuenca del río Xingu de la región central de la Amazonia, tienen dificultades para preservar sus tradiciones culturales ante la exposición a las influencias del mundo exterior. En los últimos días, los líderes kayapós han negociado la retirada de los mineros de oro de su territorio durante la crisis de coronavirus. En otras partes, las patrullas de vigilancia kayapós han talado árboles para bloquear el acceso a las carreteras que conducen a su reserva.
El caso del adolescente yanomami contagiado ha tocado una fibra muy sensible entre los líderes y los activistas tribales. Unos 22 000 yanomamis viven en comunidades lejanas en una selva accidentada en las tierras altas a ambos lados de la frontera con Venezuela. Muchas de sus aldeas tienen poco o ningún contacto con el mundo exterior, pero miles de prospectores de oro se han infiltrado ilegalmente en su vasta reserva y representan una grave amenaza para la tribu. Los líderes yanomamis llevan semanas rogando a las autoridades que expulsen a los mineros. El joven procedía de una comunidad ribereña invadida por una serie de campamentos mineros.
«Deberían hacer su trabajo y evitar que la epidemia penetre en nuestros hogares a través de los caminos abiertos por los invasores no indígenas», advirtió la Hutukara Associação Yanomami el 19 de marzo en una carta abierta dirigida a las autoridades federales sanitarias y de asuntos indígenas.
A los activistas les preocupa el destino del asentamiento de Moxihatetema, cuyas decenas de habitantes han rechazado asiduamente el contacto con los forasteros e incluso con otras comunidades yanomamis. Hace unos años, los prospectores encontraron oro a solo 29 kilómetros de la aldea y los líderes yanomamis temían que la comunidad se viera devastada por el contagio de enfermedades introducidas por los mineros incluso antes de la amenaza de la COVID-19.
Las imágenes por satélite revelan que el brote de coronavirus apenas ha frenado las operaciones mineras en el territorio yanomami, pero Dias afirma que su departamento pronto abrirá otros dos puestos para controlar la entrada de mineros. Con todo, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro está ejerciendo presión para legalizar la minería dentro de las tierras indígenas de la Amazonia.
«El único plan de contingencia»
Los expertos afirman que mantener a las comunidades indígenas separadas de los forasteros es la mejor forma de salvaguardarlas, ahora más que nunca. «En mi opinión, el único plan de contingencia que garantizaría la supervivencia de estos grupos es la expulsión de los invasores de estas zonas y la protección de todas las tierras donde haya indicadores de la presencia de isolados», afirmó Douglas Rodrigues, especialista en sanidad indígena de la Universidad Federal de São Paulo. Rodrigues lleva 40 años trabajando en comunidades nativas amazónicas. «Es el deber del gobierno brasileño», explicó.
Rodrigues indicó que contener el contagio una vez ha entrado en una aldea indígena tradicional con sus viviendas comunales es imposible. «Las familias viven juntas en las casas, con mucha gente, y se suelen compartir objetos y alimentos», afirmó.
Ante la ausencia de acciones gubernamentales enérgicas, algunas tribus se han organizado para detener la propagación de la pandemia. A lo largo del río Xingu, en la región central de la Amazonia, los kayapós han llegado a un acuerdo con los mineros para que cesen su actividad y se retiren de su territorio. A lo largo del río Tapajós, en el estado de Pará, los munduruku han colocado carteles que prohíben la entrada a visitantes no autorizados. Las patrullas de vigilancia han redoblado sus esfuerzos para proteger la Reserva Indígena Raposa/Serra do Sol de Roraima, aunque los miembros de las patrullas respetan el distanciamiento social.
Sin embargo, las noticias que llegan de otras partes sugieren que los mineros, leñadores y acaparadores de tierras ilegales podrían usar la crisis sanitaria como tapadera para aumentar las incursiones en territorios indígenas. En los últimos días, el rugido de las motosierras y de la maquinaria ha resonado por los bosques de la tribu karipuna en el estado de Rondonia. La Asociación Indígena del Pueblo Karipuna declaró que los miembros de la tribu presenciaron impotentes desde la distancia cómo los forasteros talaban descaradamente dentro de las fronteras de su territorio.
El 31 de marzo, encontraron a Zezico Rodrigues, líder del pueblo guayayara, muerto de un disparo fuera de su aldea en la Terra Indígena Araribóia de Maranhão. Los detectives aún no han hallado un sospechoso, pero los guayayaras siguen enzarzados en una guerra con los leñadores ilegales, que han matado a cinco de sus miembros desde el pasado noviembre.
¿Podrían los partidarios de Bolsonaro ver un rayo de luz en la crisis sanitaria, una oportunidad inesperada de dejar a un lado a las tribus aisladas y robarles sus recursos?
«Creo que sería una posibilidad para tener en cuenta si consideramos que el gobierno no ha aplicado medidas de protección para las poblaciones indígenas a tiempo», explicó Sydney Possuelo, veterano jubilado de la FUNAI y arquitecto principal de la arraigada política de separar a los forasteros de las tribus aisladas de Brasil, que perdura pese a la intención declarada de Bolsonaro de integrar a los grupos en la sociedad nacional y explotar las riquezas de sus tierras.
Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.
