En la India, millones de voluntarias forman la respuesta de primera línea a la COVID
Estas mujeres, que trabajan por sueldos bajos y a menudo sin la protección adecuada, luchan para que se las reconozca.
Una técnica de laboratorio toma una muestra a una mujer para hacerle el test de la COVID-19 en Lucknow, la India. Las trabajadoras sanitarias viajan a zonas cerradas por ser puntos calientes para hacer el test a gente sintomática y vulnerable.
Vijayalakshmi Sharma llamó al timbre de un piso en un amplio complejo residencial de Noida, una ciudad satélite de Nueva Delhi declarada zona roja de COVID-19.
Mientras esperaba a que alguien abriera la puerta, se ajustó la dupatta, un chal largo tradicional, alrededor de la cabeza y la mascarilla quirúrgica. Empezó a dar golpecitos en el registro que llevaba en la mano con un poco de impaciencia. Solo estaba en la sexta planta y ya era la una de la tarde. Le quedaban otras 17 plantas por visitar aquel día.
Por fin abrieron la puerta y se asomó una cara. Tras una presentación rápida, Sharma empezó a hacer las preguntas de una lista: ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Tienen algún trabajador doméstico? ¿Se ha quejado alguien de fiebre o de encontrarse mal? Las pulseras de cristal que llevaba en la muñeca entrechocaban mientras escribía las respuestas en su cuestionario.
Unas horas después, se sentó en el parque del complejo residencial con sus cuatro compañeras, bebió agua y se abanicó con el registro. Entre las cinco habían cubierto casi 1400 pisos en 16 torres a lo largo del día. «No nos importa trabajar. Beneficia a nuestras comunidades», dijo Sharma, que añade que ella y sus compañeras lo consideran un «deber social».
Hemlata, una activista acreditada de la salud social (ASHA, por sus siglas en inglés) que solo ha revelado su nombre, en su casa de Khajuha, la India. Las ASHA van puerta por puerta para crear conciencia sobre el coronavirus, supervisar la salud de los migrantes que regresan a sus pueblos, notificar supuestos casos de COVID-19 y acompañar a los enfermos a centros médicos cercanos.
Hemlata muestra la forma correcta de lavarse y secarse las manos en su casa de Khajuha, la India. Las ASHA han estado en primera línea, combatiendo la COVID-19 a nivel local.
Sharma es una trabajadora sanitaria de la comunidad. Trabaja en uno de los más de 1,3 millones de centros anganwadi de la India, fundados por el gobierno en 1975 para hacer frente a la desnutrición en mujeres y niños vulnerables. Con la aparición de la pandemia, los 2,7 millones de empleados de los anganwadi del país también se han convertido en trabajadores de primera línea en la lucha contra el coronavirus en sus comunidades. Además de sus responsabilidades habituales, distribuyen raciones de alimentos secos y cocinados, supervisan los síntomas de la COVID-19 y crean conciencia sobre el virus. Junto a ellas trabajan casi un millón de activistas acreditadas de la salud social (ASHA), que se encargan del seguimiento de los migrantes que vuelven a sus casas, supervisar el rastreo de contactos, notificar supuestos casos de COVID-19 y acompañar a los enfermos a centros médicos cercanos.
Esta mano de obra voluntaria de más de 3,5 mujeres mal remuneradas y semianalfabetas es la primera línea de defensa de la India contra el coronavirus. De ellas depende un gobierno que las alaba, pero que apenas ha hecho nada para protegerlas, ayudarlas o compensarlas. «Si se contagian, ¿quién asume la responsabilidad?», preguntó Girish Pandey, que preside el Sindicato de Mujeres Trabajadoras Anganwadi de Uttar Pradesh, la organización que representa a la mayoría de las 320 000 trabajadoras anganwadi del estado. «También tienen familias. No son mártires sin nombre y sin cara».
Un trabajo sin protección
Al menos dos tercios de los 1400 millones de habitantes de la India dependen de la sanidad pública, pero el país solo tiene 8,5 camas de hospital y 8 médicos por cada 10 000 habitantes. Comparemos esto con Japón o Corea del Sur, que tienen respectivamente 120 y 130 camas por cada 10 000 habitantes. Por consiguiente, la atención médica en muchas comunidades indias, sobre todo las mujeres y niños vulnerables, depende de trabajadoras sanitarias de la comunidad como Sharma.
Las trabajadoras anganwadi como ella proporcionan nutrición suplementaria a los niños, las mujeres embarazadas y las madres lactantes y ofrecen educación escolar preformal. Por su parte, las ASHA aconsejan a las mujeres que den a luz en hospitales y no en casa, proporcionan educación sobre planificación familiar, se cercioran de que se vacunen, prestan primeros auxilios y administran medicamentos antipalúdicos y antituberculosos.
Sin embargo, a pesar del papel clave que desempeñan en la lucha contra las crisis sanitarias de la India, las trabajadoras anganwadi y las ASHA no tienen sueldos regulares, en parte porque se supone que su trabajo es voluntario y a tiempo parcial. Con todo, la mayoría acaba trabajando a tiempo completo debido a las demandas de sus comunidades. De media, una sola ASHA atiende las necesidades de unas 1000 personas, aunque las cifras varían.
Las sanitarias llegan a un comedor comunitario para hacer el test de la COVID-19 a la gente que vive en un punto caliente del virus en Lucknow, la India.
Las trabajadoras anganwadi reciben una remuneración de unas 5000 rupias mensuales (menos de 60 euros), que es menos de la mitad del sueldo mensual medio de la India, de unos 133 euros. El sueldo de las ASHA se basa en incentivos: unos 90 céntimos por cada inmunización completa, 45 céntimos por notificar el fallecimiento de un niño, 3,60 euros por acompañar a una mujer a un hospital para dar a luz y menos de 12 euros por administrar tratamiento contra la tuberculosis durante seis o siete meses. Ahora se les paga otros 12 euros por las intervenciones de la COVID-19.
«El gobierno espera que estas mujeres proporcionen muchos servicios sanitarios cruciales sin compensarlas justamente. Pero cuando las contratas como trabajadoras esenciales para una enfermedad tan letal, lo más humano sería ofrecerles el equipo de protección adecuado», explicó Harjit Singh Bhatti, médico, activista y presidente de Progressive Medicos and Scientists Forum.
Según el primer ministro Narendra Modi, la India fabrica más de 200 000 kits de equipo de protección individual y 200 000 mascarillas N95 al día. En cambio, estas trabajadoras sanitarias de base suelen verse obligadas a trabajar sin EPI o a comprárselo ellas mismas. Devrati, una ASHA que trabaja cerca de Lucknow, en Uttar Pradesh, el estado más grande de la India, se compró su propia mascarilla porque «visitar a la gente para hablarle de la importancia de llevar la cara tapada sin llevar mascarilla no habría servido de nada». Kanchan Pandey, una ASHA en Azamgarh, Uttar Pradesh, también se compró la suya.
En marzo, el gobierno indio anunció que los 2,2 millones de trabajadores de la sanidad pública que atendían directamente a pacientes de COVID-19 estarían cubiertos por un seguro médico adicional durante 90 días. Sin embargo, como son voluntarias, es incierto cuántas trabajadoras anganwadi y ASHA recibirán estas prestaciones.
Dos miembros de un equipo de respuesta rápida ante la COVID-19 dicen a un migrante que ha regresado a su aldea que debe ponerse en cuarentena durante 14 días. Se han creado equipos de respuesta rápida para supervisar la salud de los migrantes y comprobar sus síntomas.
Una familia frente a su casa en Basanta Khera, la India. El padre, Atul Patel, trabajaba como conductor a 48 kilómetros, pero decidió regresar a su pueblo cuando su jefe se negó a seguir pagándole durante el confinamiento.
El gobierno ha prestado un apoyo fingido al sacrificio de los trabajadores sanitarios. A finales de marzo, Modi exhortó a los indios a que salieran a sus balcones para homenajear a los trabajadores esenciales aplaudiéndoles y golpeando platos y utensilios de cocina. Las fuerzas armadas organizaron un vuelo y derramaron pétalos de rosa sobre los hospitales. A principios de mayo, Modi comparó a los sanitarios con Buda por haber «venido para ayudar a la humanidad, no solo en la India, sino en todo el mundo. Cada uno de ellos merece un homenaje».
Pero mientras los casos de coronavirus en la India superan los 190 000, a los sanitarios se les está agotando la paciencia. Se ven obligados a enfrentarse al miedo a la infección, al estigma social, a largas jornadas de trabajo y a la apatía del gobierno. Más de 500 médicos, enfermeros y paramédicos se han contagiado. A finales de mayo, cuando falleció una enfermera de 46 años con el virus, sus compañeros revelaron que se veían obligados a reutilizar los kits de protección, como los guantes y las mascarillas.
Una técnica de laboratorio etiqueta una muestra para un test de la COVID-19 en una zona caliente de Lucknow, la India. La India es el país con más casos de coronavirus de Asia, con más de 180 000.
«No queremos pétalos de rosa ni aplausos, necesitamos equipo de protección y una distribución humana de los turnos», dijo Rajesh Bhati, presidente de Unity of Allied Healthcare Professionals.
Los sanitarios también han sido atacados por el gobierno por denunciar la falta de equipo de protección. El 6 de abril, la Asociación de Médicos Residentes del Instituto de Ciencias Médicas Toda India de Nueva Delhi, que representa a 2500 médicos, publicó una carta a Modi en Twitter alegando que los sanitarios que habían denunciado la falta de EPI, equipo para test de COVID-19 y centros de cuarentena en redes sociales «han recibido una reacción dura» por parte de las autoridades gubernamentales. Un anestesiólogo del sur de la India que expresó su preocupación sobre la falta de EPI fue suspendido, detenido por la policía e ingresado en un hospital psiquiátrico.
Las comunidades a las que intentan ayudar estos sanitarios y sanitarias también sospechan de ellos y llegan a atacarlos físicamente. Han sido desahuciados por sus caseros y abucheados por sus vecinos. En Rajastán, mucha gente no deja entrar en sus casas a las ASHA, «ya que podrían ser portadoras de la enfermedad durante las visitas a otros hogares», según un informe de Oxford Policy Management. Los medios locales han informado sobre los ataques a las ASHA y las trabajadoras anganwadi que intentan hacer test a personas con síntomas de COVID-19. Vijayalakshmi Sharma, la trabajadora anganwadi de Noida, fue acusada de ser una ladrona por un residente de un complejo de apartamentos a finales de mayo cuando llamó a su puerta para hacerle una inspección de COVID-19.
Antes de la llegada de un equipo de toma de muestras, una zona caliente de Lucknow, en la India, es rociada con desinfectante.
Devarati, una ASHA, enseña la técnica para lavarse las manos en casa en Basanti Khera, la India. Una sola ASHA suele atender a unas 1000 personas, aunque las cifras varían.
«Estamos atrapadas entre comunidades resentidas y desconfiadas y un gobierno que es reacio a darnos incluso una simple mascarilla para protegernos», contó Pandey, la ASHA de Azamgarh, por teléfono.
Antes de colgar, nos pidió algo:
«Quizá no sea importante, pero el trabajo que hacemos sí lo es. ¿Podrían pedirles al gobierno que también nos reconozcan?».
La autora Nilanjana Bhowmick es una periodista de Nueva Delhi cuyo trabajo se centra en el empoderamiento femenino y la política. La fotoperiodista Saumya Khandelwal, también en Nueva Delhi, se centra en temas de género y medioambientales.
Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.
