¿Qué pasa si no hay un ganador el día de las elecciones en Estados Unidos?

Cada cuatro años, las campañas presidenciales siguen una cadencia familiar de debates, discursos, mítines y anuncios políticos antes del evento principal a principios de noviembre. Sin embargo, las elecciones no terminan oficialmente el día de la votación, aunque los medios declaren a un ganador o aunque un candidato admita la derrota.

Los estados y el Congreso tardan dos meses en determinar formalmente quién ha ganado unas elecciones presidenciales. Y si no está claro quién debería recibir los votos de un estado cualquiera, hay una ley de 133 años que crea una especie de olla a presión electoral con plazos ajustados y procesos enrevesados que determinan los votos que cuentan en el Colegio Electoral. Más de un siglo después de la aprobación de la Ley de Recuento Electoral de 1887, la coincidencia de una pandemia mortal, la polarización política extrema, la preocupación generalizada por los resultados en ambos bandos y una cantidad sin precedentes de votos por correo pondrán a prueba el complejo sistema electoral del país.

Aunque los estados tienen cinco semanas para resolver las elecciones impugnadas, ese proceso presenta diversos problemas legales. Los científicos políticos han descrito el Colegio Electoral como una institución ininteligible, inaplicable e inconstitucional. Para complicar la cuestión aún más, conforme al Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, las legislaturas estatales tienen la autoridad de nombrar una lista de compromisarios de la forma que consideren adecuada, lo que plantea la posibilidad de que una legislatura estatal ignore la voluntad de los votantes. Aunque nunca ha ocurrido en la historia y su legalidad está muy disputada entre los expertos en derecho, esta posibilidad se cierne sobre el país cada cuatro años.

¿Qué ocurre tras la jornada electoral?

Aunque muchos votantes estadounidenses no sean conscientes, cuando acuden a las urnas eligen a su presidente y vicepresidente de forma indirecta. Cada cuatro años, los partidos políticos seleccionan a compromisarios que votarán por el candidato del partido en el Colegio Electoral. Un voto por un candidato es en realidad un voto por la lista de compromisarios de su partido, que emiten sus votos oficiales en los días y semanas posteriores a la jornada electoral. Desde 1964, ha habido 538 votos electorales en total y un candidato debe ganar más de la mitad —al menos 270— para obtener la presidencia.

Una vez cierran las urnas, los estados cuentan los votos y certifican los resultados. El proceso de certificación oficial puede tardar días e incluso semanas, ya que los estados comprueban dos veces los votos de cada circunscripción y verifican que el recuento coincide con el número de votantes que se han presentado. A continuación, se pone en marcha un intrincado proceso de certificación de voto estatal y reuniones de compromisarios que culmina en una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero.

El origen de este proceso se remonta a las elecciones caóticas de 1876, cuando tanto el republicano Rutherford B. Hayes como el demócrata Samuel Tilden se adjudicaron la victoria. Tilden obtuvo el voto popular por unos 250 000 votos y Hayes ganó el del Colegio Electoral por un solo voto, pero la legitimidad de 20 de los votos de los compromisrarios de Hayes se cuestionó debido a la supresión de votantes generalizada y al fraude. Tres estados enviaron listas de compromisarios opuestos al Congreso, mientras que Oregón se enfrentó a una disputa sobre la eligibilidad de uno de sus compromisarios.

La Duodécima Enmienda de la Constitución, ratificada en 1804, indicaba que los estados enviarían su recuento de votos final al presidente del Senado. Pero no especificaba si el presidente del Senado o el Congreso como organismo debería decidir qué votos cuentan en unas elecciones controvertidas. El Congreso resolvió este impasse con una comisión electoral única que dio lugar a un compromiso político y que concedió la victoria a Hayes a cambio de la promesa de poner fin a la Reconstrucción. La intervención federal posterior a la guerra de Secesión en el sur de Estados Unidos era impopular en la Confederación derrotada porque concedía derechos a los hombres negros, integraba a los gobiernos estatales y reducía el poder político de los antiguos estados confederados.

A raíz de esto, el Congreso promulgó la Ley de Recuento Electoral de 1887. Conforme a la legislación federal, los estados tendrían que seguir un proceso uniforme para entregar sus votos electorales al Congreso a finales de diciembre. El plazo se creó de forma intencionada para que los estados tuvieran tiempo para abordar las disputas electorales sin que se prolongaran indefinidamente. Los estados tienen hasta seis días para resolver problemas hasta que se reúnan los compromisarios ganadores. En 2020, la fecha límite de «puerto seguro» —llamada así porque garantiza que la resolución de los problemas pendientes de un estado sea aceptada por el Congreso— es el 8 de diciembre.

Entonces, el lunes posterior al segundo miércoles de diciembre —que este año cae el 14 de diciembre—, los compromisarios se reúnen en lugares designados por la legislatura de sus estados y votan con papeletas de papel por el presidente y el vicepresidente. Tras contar los votos, los compromisarios los envían al presidente del Senado de Estados Unidos, el vicepresidente, antes del cuarto miércoles de diciembre, que en 2020 es el 23 de diciembre. El 6 de enero, durante una sesión conjunta, los miembros del nuevo Congreso pueden presentar objeciones a los votos de cada compromisario y tomar la decisión final sobre los ganadores de cualquier estado que haya sido incapaz de resolver sus disputas.

Compromisarios enfrentados y elecciones impugnadas

Cuando los estados presentan más de una lista de compromisarios, el Congreso debe determinar cuál es legal. En 1961, este proceso enrevesado se puso a prueba cuando Hawái envió dos conjuntos certificados de documentos de votos electorales al Congreso —uno por el republicano Richard Nixon y otro por el demócrata John F. Kennedy— cuando este último ganó en un recuento. Nixon, que era el vicepresidente en activo, era reacio a que lo calificaran de mal perdedor y sabía que Kennedy ganaría la presidencia con o sin los votos de Hawái. En lugar de postergar el proceso e impugnar el recuento de Hawái, pidió y recibió el consentimiento unánime para solo contar los votos de la lista de compromisarios de su opositor, sellando su derrota.

En el año 2000 se puso a prueba la fecha límite de puerto seguro durante las elecciones presidenciales entre el demócrata Al Gore, que ganó el voto popular, y el republicano George W. Bush, que ganó en el Colegio Electoral. En la noche de los comicios, Florida se convirtió en el campo de una batalla acalorada sobre quién había ganado el voto estatal y, por consiguiente, el Colegio Electoral.

Mientras el tiempo hasta la fecha límite de puerto seguro se agotaba en las semanas posteriores, Gore pidió nuevos recuentos en condados clave donde Bush había ganado por márgenes escuetos y se habían documentado irregularidades en la votación. El 12 de diciembre del 2000, la fecha límite de puerto seguro, el Tribunal Supremo de Estados Unidos detuvo los recuentos sosteniendo que no había una forma constitucionalmente válida de completarlos antes de la fecha de puerto seguro. El 13 de diciembre, Bush ganó por un margen de solo 537 votos en Florida.

Tras las elecciones, un grupo de agencias de prensa encargaron al National Opinion Research Center, una organización independiente de la Universidad de Chicago, que revisara más de 175 010 votos en Florida que se habían rechazado durante los comicios. La revisión desveló que, si se hubiera permitido que el recuento continuara, habría favorecido a Bush, pero que Gore perdió más de 2000 votos porque se detuvieron los recuentos.

Los votos por correo podrían afectar a las elecciones de este año

En 2020 podría entrar en juego un nuevo factor: una cantidad sin precedentes de votos por correo. La pandemia de la COVID-19 ha acelerado la adopción de la práctica, en la que algunas personas en determinados estados pueden emitir su voto hasta 45 días antes de las elecciones. Aunque el proceso varía según el estado, algunos —entre ellos algunos estados decisivos como Pensilvania y Wisconsin— prohíben procesar los votos por correo antes de la jornada electoral.

En octubre de 2020, según informa Maggie Miller de The Hill, un grupo bipartito de secretarios de estado declaró que la afluencia de votos por correo podría ralentizar la comunicación de los resultados de las elecciones. Si eso ocurre, el periodo que tendrán los estados para resolver las disputas podría ser más breve, lo que pondrá a prueba el sistema electoral. La novedad del voto por correo para muchos votantes podría ser una desventaja en 2020. Los requisitos de identificación, firma y sobres de privacidad, entre otros tecnicismos, complican el proceso. Cuando votan en persona, los trabajadores pueden ayudar a los votantes a emitir sus votos de forma adecuada, pero los votantes por correo los emiten sin asistencia.

Según un análisis reciente de un grupo de científicos políticos de Georgia, Nuevo Hampshire y Florida, los votantes que nunca han votado por correo tienen hasta el triple de probabilidades de que sus votos sean rechazados. Y en una serie de estados, los votos emitidos por votantes negros e hispanos están siendo marcados por errores de forma desproporcionada frente a los de los votantes blancos.

A pesar del miedo a que el plazo de puerto seguro no dé a los estados tiempo suficiente para contar todos sus votos y un intento estancado del senador de Florida Marco Rubio para extenderlo oficialmente, los estados deben presentar sus votos para el 14 de diciembre o el Congreso decidirá en su nombre cuando se reúna el 6 de enero de 2021. Independientemente de lo que ocurra en las elecciones de 2020, los resultados no serán definitivos hasta ese día. Los presidentes no pueden tomar posesión del cargo —ni continuar en el cargo durante un segundo mandato— sin una decisión final y la Vigésima Enmienda de la Constitución decreta que los mandatos presidenciales finalizan el 20 de enero.

Aunque los resultados de las elecciones pueden resultar confusos mucho después de la jornada electoral, la confusión no será eterna. 

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.