Dolor, preguntas y silencio: así es el día a día de los familiares de desaparecidos en México

Domingo 21 de junio de 2009, Día del Padre en México. Eduardo Toyota, de 13 años, se dispone a jugar la final del campeonato juvenil de fútbol del barrio de Atlampa, en la capital del país. Sus dos hermanas y su madre le animan desde las gradas. Eduardo Toyota padre, ingeniero de telecomunicaciones, acostumbra a llevarse a toda la familia a comer, de compras y al cine en los domingos de partido. Pero hoy el papá está de viaje de trabajo en Nuevo Laredo, en el estado norteño de Tamaulipas, junto a ocho ingenieros más de la empresa de telefonía Nextel. Eduardo sabe que, en cuanto termine el encuentro, recibirá una llamada preguntándole por el resultado. Pero la llamada nunca se produce. Por fin, lunes, suena el teléfono. La esposa de uno de los seis ingenieros le comunica la noticia a la mamá de Eduardo: la habitación del apartamento donde se alojaban ha aparecido despedazada. Huellas de botas en la puerta, sábanas revueltas, muebles y lámparas derramados por el suelo. Los ingenieros, evaporados de la faz de la Tierra.

Como esta, son más de 100 000 las historias de ciudadanos desaparecidos en México desde 1964, según reconoció en mayo de este año el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 97% se produjeron después de 2006, con la llegada al poder de Felipe Calderón, quien desde el minuto uno de su mandato le declaró la guerra al narcotráfico y al crimen organizado mediante un modelo militarizado de seguridad pública. Hace unas semanas fue detenido Jesús Murillo Karam, quien fuera fiscal general del estado cuando se produjo en 2014 la más mediática de las desapariciones: la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También se emitieron órdenes de arresto contra 20 militares, 44 policías, cinco funcionarios y 14 miembros de un cártel de narcotraficantes.

Eduardo y su familia están convencidos de que el narco mexicano se llevó al padre para “montar una red clandestina de telecomunicaciones”. Hace tiempo que aceptaron que la década larga de búsqueda sin resultado sólo puede traer un desenlace posible. “Arquitectos, ingenieros industriales… los agarran para ponerlos a trabajar para ellos y, cuando ya no les sirven, ahí mismo los desaparecen, los entierran en panteones clandestinos o los queman en ácido, quién sabe”, me dice Eduardo con parsimonia y sin un asomo de emoción, sentado en el sofá de su casa arropado por su familia.

“Lo único que nos da esperanza es que se siga buscando en fosas. Por amor, le seguimos buscando y no perdemos la esperanza de encontrarlo como sea. Queremos justicia y verdad; saber qué ha pasado con él”, dice una esposa cuyos últimos 13 años de existencia se resumen en un viaje en círculos por todos los estados del país: “Yo ya he buscado bastante y ahora le he pasado el testigo a mis hijos. Ahora les toca a ellos”.

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Crisis forense: 52 000 cadáveres sin identificar

Es posible que más de la mitad de los desaparecidos en realidad ya estén localizados. Pero sin nombre y apellidos. La ONU habla en términos de "crisis forense" y cifra en 52 000 los cadáveres sin identificar presentes en morgues, fosas comunes, universidades y centros de resguardo de un país marcado por unos “servicios forenses insuficientes”. Aunque los casos de desapariciones de niños y mujeres por trata y explotación sexual han experimentado un “aumento notable” en los últimos años según el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la tendencia mayoritaria sigue siendo la de varones de entre 15 y 40 años.

Basándose en las indagaciones de una delegación de expertos que visitó 13 de los 32 estados, la ONU afirma que “serían necesarios 120 años para identificar los restos humanos” presentes en instalaciones mexicanas.  El 71,73% de los cuerpos no identificados se encuentra en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. Durante la visita del Comité, que se produjo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, desaparecieron 112 personas más. En total, asegura la ONU en su informe de abril de 2022, entre el 2 y el 6 por ciento de las desapariciones han derivado en procesos penales, de las cuáles "solo se han dictado 36 condenas en casos a nivel nacional".

A sus 28 años, Lizeth Cardona, estudiante de sociología, se ha convertido en una experta de las entretelas burocráticas que conllevan la búsqueda de un ser querido. Acude junto a su hermana a exhumaciones en panteones cada cuatro meses (y a revisiones de expediente cada tres) en busca de alguna averiguación sobre el paradero de su padre, Gersaín Cardona, comercial de pintura que vendía a puerta fría en casas y negocios.

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Desapareció hace 13 años junto a 11 comerciales más en un viaje a Piedras Negras, en el estado de Coahuila. La última vez que escuchó su voz, por teléfono, fue para decirle que se iba en busca de la furgoneta en la que viajaban seis compañeros que habían desaparecido el día anterior ("son mis amigos, no puedo dejarles así"). El dueño de las furgonetas fue el primero en denunciar. Murió acribillado en 2013. Tres años después, Demetria Martínez, la madre de Lizeth, falleció por una complicación en su diabetes mientras buscaba a su marido.

Lizeth lleva años embarcada en un constante aplazamiento burocrático. Después de trasladar el expediente de su padre a una fiscalía de ámbito nacional en abril, la citaron para una nueva reunión en junio en la que, una vez más, no se logró ningún avance. El siguiente paso para Lizeth es esperar a la próxima revisión de su expediente, que tendrá lugar a finales de año. “Les hemos dado tiempo para que lo revisen todo, pero ya no espero nada. Sólo tienen oficios y oficios. Trabajo de escritor” me dice Lizeth, acompañada de su pareja (su hermana se ha negado a venir, "ya no soporta hablar del tema"), en una cafetería ubicada en el emblemático rascacielos de la Torre Latinoamericana. Nos circunda un apelotonamiento de avenidas y un océano de edificios que trepa por las sierras de Ciudad de México, haciendo imposible poder divisar en el horizonte el final de esta ciudad de unos nueve millones de habitantes (más de 20 millones en su área metropolitana). "Exigimos al Gobierno más recursos. Al principio pensaba que esto sólo ocurría con mi caso, pero luego descubrí en mi colectivo que están igual, hay medios avances, pero no hay respuestas, nadie nos dice quién se los llevó, por qué se los llevaron, dónde están ni si están vivos o muertos", dice Lizeth, que también es activista de la plataforma Búscame.

A finales del 2020, Coahuila se convirtió en el primer estado de México en promulgar una ley para facilitar la localización, recuperación e identificación forense de personas. Con el texto se simplificaron los trámites para exhumar fosas comunes y clandestinas, y se creó el Centro de Identificación de Restos Humanos, el cual ha servido de inspiración para el nacimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, aprobado en abril de 2022. Antes, en 2019, Coahuila también fue pionero en la creación de la Declaración de Ausencia, una ley que impide que las autoridades se eximan de continuar las investigaciones hasta que no se conozca el paradero del desaparecido.

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Pero la norma más importante de todas data de 2017: la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Esta ensalada institucional se culmina con un organismo creado gracias a esa ley, la punta de lanza de los esfuerzos gubernamentales por localizar a desaparecidos:  la Comisión Nacional de Búsqueda. Su máxima responsable desde 2019, Karla I. Quintana, explica por teléfono a National Geographic España la situación actual desglosándola en una "tríada" de motivos: “cruce de diferentes violencias” (delincuencia organizada, homicidios, feminicidios, trata…), “impunidad judicial” (el 98% de las desapariciones están sin resolver) y “crisis de seguridad”, o más concretamente, de las fuerzas de seguridad: “La crisis de desapariciones está relacionada con las crisis de violencias que se sufren en el país, que tienen que ver mucho con delincuencia organizada, con participación de autoridades, sobre todo municipales, aunque también las hay estatales y federales”.   

Quintana asegura que, comparado con países como Argentina o Guatemala, la ley mexicana "es mucho más amplia" en los requisitos necesarios para reconocer una desaparición. Para entender esto hay que entender la diferencia entre persona desaparecida (extraviada por causa de un delito) y no localizada (extraviada por causas desconocidas). La ley de 2017 obligó a considerar como desaparecida a toda persona no localizada de la que no se tuvieran noticias pasados tres días. El Gobierno ha habilitado una web que se actualiza a diario en la que puede consultarse una detallada base de datos de todos los casos de desapariciones en México. Desde la llegada en mayo a la triste cifra redonda de 100 000 al momento de la escritura de este reportaje, la cifra ha aumentado hasta los 105 000, "pero esto no significa que hayan desaparecido 5000 personas en estos meses, sino que las fiscalías nos han notificado 5000 desapariciones", afirma Quintana, refiriéndose a la posibilidad de que algunos de estos desaparecidos ya lo fueran de antes.

Como cada año, el 10 de mayo, coincidiendo con Día de la Madre en México, Lizeth acudió a la tradicional marcha que organizan los familiares en la avenida de Reforma de la capital. Hijas, hermanas, abuelas y, por supuesto, madres, son amplia mayoría en un movimiento también caracterizado por una realidad insoportable: en México se cometen 10 feminicidios al día. Pero el de 2022 no ha sido un mayo más.

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Con motivo de la sustitución del árbol que da nombre a la glorieta de la Palma, un colectivo impulsó un acto para que se rebautizase dicho cruce como el de “Las y los desaparecidos”. Tras una multitudinaria marcha que culminó en una pegada de fotografías de desaparecidos en las vallas de la obras, el Ayuntamiento ordenó la retirada de toda cartelería. La decisión fue respondida con otra marcha y otra pegada de carteles. Las autoridades cedieron. Ellas no. Tuve la fortuna de encontrarme en México cuando sucedieron estos acontecimientos que, finalmente, han devenido en el cambio de nombre de la glorieta. Tras entrevistarme con Lizeth, puse rumbo a la glorieta al final de la tarde, en una jornada en la que había prevista una nueva concentración en la que se le pidió a cada asistente que trajese velas y más fotografías de familiares.

Con la caída del sol, medio centenar de mujeres corta el tráfico de la rotonda y comienzan a trabajar. Algunas pintan un enorme “100 000 desaparecidos” sobre la calzada, y otras gritan al unísono proclamas (“Hermano, escucha, tu hermana está en la lucha”) y denuncias (“La gente, mirando, también está apoyando”). Casi al final del encuentro, las mujeres forman una fila frente a la glorieta y, una por una, relatan cómo, cuándo y dónde comenzó su drama familiar.

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De entre todas destaca, por el grado de furia de sus gritos ahogados, Marta Beatriz Vega, de 71 años y natural de Culiacán en Sinaloa. Lleva 45 años buscando a su esposo. “Son nuestros tesoros perdidos”, me dice después, en privado, sollozando y con brillo en los ojos. Sin dejarle tiempo al silencio, poniendo de manifiesto que lleva más de media vida formulando las mismas ideas, Marta Beatriz continúa: “No podemos decir que las desapariciones afectan a una sola persona. Es la sociedad completa a la que le quitan un miembro. No puedo entender la indiferencia ante lo terrible y nefasto que es la desaparición de una sola persona. Si somos 130 millones de mexicanos, ¿por qué 129 son indiferentes al dolor del resto?".

"Ni están muertos ni están vivos, y nosotros estamos como ellos, en el limbo”, me dice, antes de asegurar que no piensa cejar en su búsqueda: “Sólo pararé en el momento en el que el Creador me llame a cuentas”. Una activista reclama la atención de la señora y ésta se despide de mí con intenso agradecimiento: “Cada historia aquí es una historia de amor y dolor; porque el dolor nos tumba y el amor nos levanta. La vida te jala a vivir. Te obliga a vivir".