La feroz batalla contra la minería de oro para proteger una región arqueológica rumana

Quizá las montañas de Transilvania no estén atormentadas por los vampiros, pero sí están llenas de un oro que atrae una atención que, para algunos, es depredadora, en una batalla que resiste a desaparecer. La amarga lucha implica la propuesta de una empresa extranjera para construir la mayor mina de oro a cielo abierto en un lugar histórico llamado Roșia Montană.

En los pintorescos montes Apuseni, salpicados de castillos y bosques, la gente lleva más de 2.000 años extrayendo oro y plata de la tierra. Roșia Montană contiene los túneles romanos de minería intactos más grandes e importantes del mundo, con rarezas como tablillas de escritura y ruedas hidráulicas que en su día controlaron el flujo del agua en las galerías, según explica Andrew Wilson, profesor de arqueología en Oxford y coautor de un estudio sobre los tesoros de la zona. Picos arbolados, tumbas antiguas, iglesias y otros yacimientos arqueológicos completan la comunidad, convirtiéndola en una joya natural e histórica.

Por eso sorprende aún más que el gobierno rumano haya retirado temporalmente su solicitud de proteger la zona como lugar Patrimonio de la Humanidad.

En el centro del debate se encuentra la disputa con la empresa minera que quiere acceder al yacimiento. Tras multitudinarias protestas que comenzaron en 2013, el gobierno rumano falló en contra de emitir los permisos que habrían permitido a la empresa canadiense Gabriel Resources avanzar con la mina, y aprobó varias leyes que protegían Roșia Montană. Como respuesta, la empresa llevó a juicio al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una organización del Banco Mundial, solicitando más de 4.400 millones de dólares (3.700 millones de euros) en daños. Esa enorme suma supone más del dos por ciento del PIB del país.

¿Historia en peligro?

El plan de abrir una mina a cielo abierto propone la utilización de miles de toneladas de cianuro para separar el oro de la piedra pulverizada, creando una enorme presa llena de agua mezclada con cianuro. La explotación «destruiría la mayor parte de la singular arqueología de la zona», afirma Wilson. Wilson añade que en ella se incluyen túneles —la mayoría de ellos inexplorados— que albergan pruebas de la primera minería moderna del imperio austrohúngaro y extensas galerías de la época comunista.

Muchos residentes, que se niegan a marcharse, también se verían obligados abandonar sus casas.

En 2017, el gobierno rumano solicitó incluir Roșia Montană en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad, un nombramiento prestigioso gestionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que trae consigo reconocimiento internacional y protecciones legales especiales que pondrían fin cualquier posibilidad de minería. También proporcionaría atracción turística a esta región empobrecida.

Pero el caso sigue adelante. A principios de mes, en una medida casi sin precedentes, el gobierno —dirigido ahora por los socialdemócratas, que volvieron al poder el año pasado y muchos de los cuales han apoyado la mina— pospuso el voto sobre la solicitud de Roșia Montană ante el Comité del Patrimonio Mundial en Baréin.

«Es muy inusual», afirma Sneška Quaedvlieg-Mihailović, secretaria general de Europa Nostra, que trabaja para proteger el patrimonio cultural y natural de Europa. «Normalmente, los gobiernos luchan por sus lugares históricos». Añade que solo existe otro caso en el que un país solicitase esta consideración y a continuación retirase temporalmente el lugar.

El comité podrá votar sobre la solicitud en los próximos tres años si Rumanía la reincorpora, pero tras ese periodo tendrán que comenzar todo el proceso de nuevo, que en este caso tardó más de un año.

Un caso difícil

El gobierno socialdemócrata explicó que seguir adelante con el nombramiento de la Unesco podría afectar a los argumentos del país frente a la empresa de minería canadiense. Pero sus defensores sugieren lo contrario, señalando que la zona ya está protegida por varias leyes rumanas. Nicolae Ratiu, director de la junta de Pro Patrimonio Foundation —una de las principales organizaciones rumanas que luchan contra la mina, junto con un grupo llamado Alburnus Maior— afirma que esta medida podría ser un paso hacia la reapertura de la mina.

«Es el momento más vergonzoso de Rumanía desde que entró en la Unesco», contó a Business Review Vlad Alexandrescu, senador del partido opositor USR que estuvo presente en el debate del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco. «Los intereses de una empresa y una clase política fueron más importantes que el interés nacional». Varios miembros del gobierno rumano, así como de Gabriel Resources, no han respondido a las peticiones de entrevista o han rechazado hacer comentarios para este artículo.

Algunos opositores a la mina sugieren que esta medida encaja en un patrón reciente de retroceso en las iniciativas para luchar contra la corrupción en el país, uno de los más pobres de la Unión Europea. Como informó el New York Times el 5 de julio, el Parlamento rumano aprobó un proyecto de ley para disminuir las sanciones por abusos de poder, provocando reacciones negativas entre el público.

La mina propuesta supondría la creación de una gran presa llena de residuos envenenados con cianuro denominados relaves que, además de destruir algunos de los túneles y estructuras históricas de la zona, podrían representar una amenaza para la comunidad circundante.

En 2010, el Parlamento Europeo propuso prohibir el uso de cianuro en la minería, señalando que en los 25 años anteriores se habían producido en todo el mundo 30 accidentes graves de vertidos de este producto químico y que «no existe una garantía real de que dichos accidentes no vuelvan a ocurrir, sobre todo si tenemos en cuenta el aumento de la incidencia de las condiciones meteorológicas extremas», como las lluvias intensas. Pero la Comisión Europea falló en contra de dicha prohibición debido a «la falta de tecnologías alternativas asequibles».

En Rumanía, dichos accidentes no son solo teóricos. En el año 2000, en un yacimiento llamado Baia Mare al noroeste del país, se produjo una fuga en una presa llena de residuos mineros y se vertieron en un río cercano 100.000 metros cúbicos de agua y hasta 100 toneladas de cianuro, además de grandes cantidades de metales pesados. Este flujo tóxico llegó al Danubio, contaminando el agua potable de millones de personas y matando a miles de peces. Muchas personas lo describen como el mayor desastre medioambiental en Europa desde el accidente nuclear de Chernóbil.

Un arbitraje caro

El retroceso del país fue una reacción comprensible ante las muchas presiones políticas que implica el caso del CIADI, según Carla García Zendejas, experta legal del Centro de Legislación Medioambiental Internacional que, junto a otros profesionales, asesora a grupos locales que se oponen a la mina. En este asunto, la empresa alega que Rumanía violó los acuerdos que autorizan a la compañía a explotar el yacimiento por medio de su filial, la Roșia Montană Gold Corporation, donde tienen participación mayoritaria.

«Este tipo de casos de empresas privadas contra estados tienen un impacto enorme, cuando afrontas un arbitraje muy caro que podría costar miles de millones de euros», afirma Zendejas. «Pero es desafortunado que el gobierno rumano capitulase y solicitase retrasar el proceso».

Los registros demuestran que en este tipo de demandas de arbitraje suele ganar la empresa, lo que puede conducir a acuerdos enormes. Por ejemplo, Ecuador perdió dos casos de arbitraje iniciados en 2010 y 2012 y le ordenaron el pago de 2.000 millones de euros, más intereses, el equivalente a más del tres por ciento de su PIB.

En el caso de Gabriel Resources, que argumenta que Rumanía expropió sus bienes, nadie externo al caso había podido ver la demanda oficial de la empresa hasta ayer, cuando se publicó una copia del documento de hace un año, redactada parcialmente.

«Es un proceso muy cerrado y opaco», afirma Zendejas.

Para seguir adelante con la mina, el gobierno rumano tendría que emitir un permiso medioambiental y cambiar varias leyes que están en vigor actualmente. Los opositores afirman que esto parece posible con el gobierno actual.

Pero la oposición a la mina sigue siendo feroz, algo visible en la campaña popular que originalmente contribuyó a evitar su construcción, según cuenta Radu Delicote, estratega del grupo de consultoría política Smartlink Communications.

«Hay mucho malestar con la clase política, y si el gobierno trata de seguir adelante con la minería en Roșia Montană, esa ira aumentaría», afirma.

«Están jugando a un juego muy peligroso», añade Ratiu. «No creo que se den cuenta de lo fuertes que son los sentimientos del pueblo rumano al respecto».