Castilla y León elude la prohibición de caza del Tribunal Superior de Justicia
A través de un cambio de ley en las Cortes, Castilla y León esquiva la suspensión temporal de la actividad cinegética exigida el pasado mes de febrero por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.
El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizó de forma cautelar la actividad cinegética en la comunidad hasta estudiar su impacto en el ecosistema. Los jueces suspendieron en primer lugar el decreto autonómico que regula las especies que se pueden cazar y, posteriormente, la Orden de Caza Anual que seguía en vigor y establece las especies y las épocas de caza.
Según el auto judicial, la decisión se basaba en que la Junta de Castilla y León no había proporcionado "estudios científicos objetivos y actualizados", que justificasen que la caza de esas especies no amenaza su supervivencia, por lo que esta actividad podría infligir daños "irreparables o de difícil reparación”.
Sin embargo, las Cortes de Castilla y León han modificado la Ley de Caza para eludir la paralización del Tribunal Superior de Justicia. La propuesta de ley, impulsada por el PP, Ciudadanos y el PSOE, tan solo contó con la abstención de Podemos y ningún voto en contra, debido a que el representante de IU-Equo no se encontraba en el pleno.
Al modificar a través de las Cortes la Ley de Caza, el reglamento de la caza quedaría incluido dentro de la propia ley para esquivar así la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que no afectaría a la Orden Anual de Caza. “Es una decisión desesperada, es papel mojado”, explica Laura Duarte, portavoz de Pacma, calificando como algo vergonzoso que no se haya “respetado la decisión de un Tribunal Superior de Justicia que considera que la fauna de Castilla y León está en peligro”, declara.
La Orden de Caza, por tanto, pasaría a estar regulada por la ley y no por un decreto, y tendrá una vigencia de cinco años. El delegado provincial de caza, José Antonio Prada, aseguró que el resultado sería publicado cuanto antes en el Boletín Oficial de Castilla y León. En este sentido, Duarte afirma que “no va a poder practicarse la caza en Castilla y León mientras el tribunal no lo decida, porque lo que incumplía la orden de caza y el reglamento, lo incumple también esta ley”.
El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Mañueco, afirma que esta decisión de esquivar al Tribunal Superior de Justicia se toma en base a que “la caza es necesaria porque potencia el mundo rural, desarrolla nuestras tradiciones e impulsa el crecimiento económico de nuestra tierra”.
El cambio, efectuado en el último pleno de la legislatura, introduce el nuevo Plan General de Caza, donde recoge las modalidades de caza permitidas, las medidas temporales de protección, e incluye un listado de especies cinegéticas entre las que se encuentran el lobo o el zorro.
En lo relativo al corzo y según publica la Opinión de Zamora, “no se ha tenido en cuenta la propuesta de algunos gestores y cazadores que consideran una aberración que puedan matarse las madres en el momento que ultiman la gestación de las crías o cuando amamantan o tratan de sacarlas adelante”.
