El coronavirus se acerca peligrosamente al pueblo aislado de los flecheiros en la Amazonia

Este mes, ante la alarma que ha generado el hecho de que el nuevo coronavirus haya llegado a las profundidades de la selva amazónica y amenace a las tribus aisladas, el Tribunal Supremo de Brasil ha fallado unánimemente a favor de las demandas de los pueblos indígenas de obligar al gobierno a protegerlos de la pandemia.

Incluso antes de la sentencia del 5 de agosto, los grupos indígenas habían alabado el caso por ser un triunfo sin precedentes. Era la primera vez que un alto tribunal accedía a juzgar un caso presentado por litigantes indígenas sin intermediarios como la fundación de asuntos indígenas Funai. Esta agencia, cuya misión es defender los derechos y las tierras de los pueblos indígenas de Brasil, ha acabado considerándose contraria a sus intereses bajo el gobierno del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

«Se trata de una victoria histórica y de gran importancia para nosotros, los pueblos indígenas», afirma Luiz Eloy Terena, abogado principal de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la principal federación indígena del país, que se asoció con seis partidos políticos de la oposición para presentar la causa contra el gobierno. «Es un reconocimiento de nuestras propias formas de organización social».

El tribunal ordenó que el gobierno desarrollara y aplicara un plan exhaustivo en un plazo de 30 días para prevenir la propagación de la COVID-19 en territorios indígenas, sobre todo en grupos que viven en aislamiento extremo, las denominadas «tribus aisladas». Asimismo, el gobierno debe fundar un grupo de trabajo que incluya a representantes indígenas y establecer una «sala de crisis» en Brasilia para supervisar de forma continuada las medidas para bloquear o contener la pandemia en terrenos forestales habitados por grupos indígenas aislados o contactados recientemente.

Hasta la fecha, según la APIB, más de 25 000 indígenas de 146 comunidades tribales han dado positivo en COVID-19 en todo Brasil. Han fallecido casi 700. Se desconoce si la pandemia ha llegado a un grupo indígena aislado, pero la posibilidad genera un profundo malestar entre sus defensores.

Aunque el Tribunal Supremo falló a favor de las protecciones anti-COVID-19, no estableció un plazo para otra de las demandas: la expulsión inmediata de los leñadores, mineros y especuladores de tierras ilegales de siete territorios indígenas repartidos por toda la Amazonia. Las intrusiones de los extranjeros plantean un riesgo sanitario bastante grave a medida que la pandemia sigue causando estragos y el rechazo del tribunal a imponer un plan concreto para su retirada ha moderado la alegría de los líderes indígenas.

«Ha sido una victoria incompleta», afirma Beto Marubo, de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari, que regresó a su oficina en Brasilia la semana pasada tras visitar su hogar en la frontera con Perú. «Fue muy simbólico y positivo contar con el reconocimiento del Tribunal Supremo, pero no esperábamos que se retrasara la expulsión de los intrusos».

Debido a la facilidad con que se propaga la COVID-19, Marubo teme lo peor. «Cuando en el Javari decimos que cabe la posibilidad de que haya genocidio, nos tachan de alarmistas», afirma Marubo. «Pero si se infecta una persona de una tribu aislada, contagiará a todo su grupo. Cualquiera que esté familiarizado con el Javari sabe que puede ocurrir».

El vasto Territorio Indígena del Valle del Javari, en el extremo occidental de Brasil, es de especial preocupación para las autoridades sanitarias y los líderes indígenas. Alberga la mayor concentración de comunidades indígenas aisladas del mundo y los expertos sanitarios dicen que dichas tribus corren un riesgo de contagio muy elevado, ya que carecen de defensas inmunitarias a los patógenos que han evolucionado en núcleos de población alejados.

La semana pasada, un grupo de nómadas no contactados entró en la aldea kulina de Terra Nova, en la cabecera del río Envira, a unos 48 kilómetros al sudoeste de la reserva de Javari en el estado de Acre, lo que hace más urgente la situación del Javari y de otros lugares.

Cuando habló con el periódico O Globo desde una cabina de la aldea, el jefe Cazuza Kulina contó que entre 10 y 20 personas, entre ellas mujeres y niños, se habían llevado alimentos, herramientas y ropa antes de adentrarse en la selva. Los aldeanos contaron al periódico que varios residentes presentaban síntomas que podrían indicar la presencia de coronavirus: cefaleas, tos y letargo. Cazuza declaró que ni la Funai ni el servicio de salud indígena (Sesai) habían contactado con la aldea para establecer centros de cuarentena —las denominadas «barreras sanitarias»— que podrían haber protegido al grupo de la COVID-19 y de otras enfermedades infecciosas.

«Desde el comienzo de la colonización de Brasil, estos pueblos han sufrido y muerto por infecciones traídas por los colonos como el sarampión, la viruela, la tuberculosis y varias cepas de la gripe», contó por email el experto en salud indígena Lucas Infantozzi Albertoni, refiriéndose a las poblaciones aborígenes que han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior. Escribió desde un barco hospital en el río Tapajós, en la región central de la Amazonia, donde hace rondas anuales para tratar a pacientes de comunidades remotas. «Estas enfermedades produjeron tasas de mortalidad enormes que provocaron la extinción de etnias enteras y la desintegración social de muchas otras».

La COVID-19 a las puertas de las tribus aisladas

Aunque el tribunal ordenó la aplicación de barreras sanitarias para detener el avance del coronavirus, también se han detectado los primeros casos de COVID-19 en aldeas muy próximas a un grupo aislado del Territorio Indígena del Valle del Javari.

El 6 de agosto, una anciana de la tribu kanamari sucumbió a la enfermedad tras haber sido evacuada del asentamiento de Hobana, en la parte alta del río Itaquaí, a menos de 16 kilómetros de unos jardines plantados por una tribu aislada conocida como los flecheiros.

Los primeros casos de COVID-19 de la reserva del Javari se detectaron en un pueblo río abajo y lo más probable es que los trajeran los equipos sanitarios gubernamentales. Pero la aparición repentina de la COVID-19 en las profundidades de la reserva es muy preocupante para los líderes indígenas y los expertos sanitarios. La reserva, cuyos ríos fluyen desde cabeceras en regiones accidentadas situadas en su corazón, puede protegerse fácilmente de las incursiones a gran escala con puestos de control ribereños. Pero por difícil que sea llegar en barco a aldeas como Hobana, los expertos apuntan que el virus ha penetrado en el Javari mediante una especie de puerta trasera: los senderos abiertos en la selva por los kanamari para comprar artículos en localidades como Ipixuna y Eirunepé, en el transitado río Juruá.

«Ahora, nuestro mayor miedo, que se ha hecho realidad, es que la enfermedad entre por los senderos hasta los tramos superiores de los ríos que tienen puntos de control del Funai río abajo», explica Terena. Añade que, además de los kanamaris, otros grupos indígenas contactados —matis, marubo, matsés— ocupan un terreno peligrosamente cercano a grupos aislados en las remotas cabeceras de la reserva del Javari, lo que incrementa las oportunidades de que el virus se propague a nómadas sin defensas inmunológicas a la enfermedad y sin capacidad de tratarla.

Hasta la fecha, se han confirmado 441 casos de COVID-19 y dos muertes en el valle del Javari, según el Sesai.

«Una infección en una de las aldeas contactadas podría propagarse rápidamente a estos grupos aislados», afirma Terena. Es más cierto ahora, con el inicio de la estación seca en la región occidental de la Amazonia. Es la época del año en que las crecidas se retiran del lecho del bosque y comunidades enteras —sobre todo los nómadas no contactados— se desplazan en busca de sustento.

Según Beto Marubo, también es la época del año en que los grupos aislados entran en los asentamientos para llevarse alimentos y herramientas. Los mismos nómadas aislados han visitado la aldea marubo de São Joaquim, en el río Ituí, año tras año. «Vienen de noche y se llevan comida —plátanos, caña de azúcar, patatas— y herramientas como machetes y hachas», cuenta. «Allí también hay un caso confirmado de coronavirus».

Miedos de genocidio

Aunque ha sido criticada por su respuesta a la crisis de la COVID-19, la Funai afirma que el fallo judicial apenas alterará sus planes. «La decisión del Tribunal Supremo nos permite mejorar las medidas tomadas por la Fundación Nacional del Indio [Funai] para proteger a los pueblos indígenas desde el comienzo de la pandemia», declaró la agencia en un email a National Geographic. La agencia se refirió a su entrega de 500 000 cestas de alimentos a familias en «situaciones de vulnerabilidad social» y lo que describió como apoyo a más de 300 barreras sanitarias.

En cambio, los líderes indígenas señalan que la respuesta de la Funai ha brillado por su ausencia, por eso llevaron el caso a juicio. También les preocupa que el rechazo del tribunal a establecer un plazo para la expulsión de los intrusos incremente la sensación de impunidad.

Marubo afirma que están apareciendo cazadores furtivos en las comunidades del Javari por primera vez en décadas, lo que amenaza a los habitantes y el personal de la Funai con violencia. En Solís, una aldea matsés, mencionaron al trabajador de la Funai Maxciel Pereira dos Santos, que fue asesinado el pasado septiembre en la cercana localidad de Tabatinga. «¿Visteis cómo mataron a Maxciel el año pasado? Podría pasaros lo mismo a vosotros», dice Marubo, repitiendo las amenazas de los criminales.

Dos Santos llevaba 12 años trabajando para la Funai protegiendo a las tribus aisladas de la reserva del Javari hasta que un sicario lo mató de un disparo desde una moto a plena luz del día. Nadie ha sido llevado ante la justicia.

«No ha habido acciones por parte de las autoridades, nada que demuestre una respuesta contundente por parte del gobierno brasileño», afirma Marubo. Por consiguiente, otros trabajadores de la Funai han mostrado reticencia a tomarse sus trabajos en serio. «Se dicen: “Si le ha pasado a Maxciel, también puede pasarme a mí”».

El abogado Terena espera que el fallo judicial insufle vida a las medidas vacilantes para contener la propagación de la pandemia. Señala que la inacción en las próximas semanas podría exponer al gobierno a que lo acusen de violar el derecho internacional.

«Me gustaría apuntar que, respecto a los pueblos aislados, el incumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal podría ocasionar el genocidio de estas poblaciones».

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.