La minería de oro en la Amazonia provoca un aumento de los casos de malaria entre las poblaciones indígenas
El perturbador vínculo entre la deforestación, la minería y la malaria puede crear brotes especialmente graves. La utilización de la primera vacuna, aprobada en 2021 por la Organización Mundial de la Salud, suscita esperanza.
Garimpo do Juma —una mina de oro en el río Juma, en Apuí, Brasil— abarca 10 hectáreas y se excavó hasta 25 metros de profundidad. La deforestación, una consecuencia de la minería, es irreversible. Marzo, 2008.
Los mosquitos forman enjambres poco después de que el bosque arda.
Mientras chamuscan una arboleda tras otra, los mineros excavan pozos profundos en la tierra desbrozada para extraer oro. Muchas de estas excavaciones invaden tierras protegidas cerca de los claros y destruyen incluso más cubierta forestal, cubierta de la que dependen los habitantes la zona. Los cráteres cavernosos se llenan de agua que se estanca cuando las minas quedan abandonadas. Es ahí donde las enfermedades transmitidas por los mosquitos, como la malaria, empiezan a propagarse con más facilidad.
"Todos esos charcos se convierten en hábitats de reproducción idóneos", afirma Marcia Castro, directora del departamento de salud global y población de la Universidad de Harvard. "Desde los años ochenta, se pueden hallar muchos ejemplos en la Amazonia de que allí donde se excavaban pozos mineros ha habido picos de transmisión de malaria".
En el año 2020, el vínculo entre la deforestación y las enfermedades alarmó por igual a expertos y habitantes de la Amazonia. Las tasas récord de deforestación del año 2019 volvieron a dispararse en 2020 y 2021, según la ONU, y no se prevé que se ralenticen, ya que el bosque se adentra en la época de quema y el gobierno actúa con demora a la hora de supervisar su destrucción. Los precios del oro han alcanzado su máximo en una década —más de 2000 dólares la onza—, por lo que se prevé que la minería ilegal, que a menudo se practica en áreas de conservación y terrenos indígenas, deje la Amazonia llena de hábitats de cría de mosquitos y otra crisis de salud pública que gestionar.
Esta estrecha relación entre deforestación y malaria hace especialmente vulnerables a las poblaciones indígenas frente a la enfermedad, sobre todo en períodos de crisis, cuando la minería ilegal aumenta. Sin embargo, la noticia histórica de la aprobación de la primera vacuna contra la malaria en 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue un nuevo rayo de esperanza para transformar esta realidad.
Tras dos años, la utilización de la vacuna comienza a mostrar los primeros resultados en África, según la ONU.
“La vacuna es segura y reduce significativamente los casos de malaria grave con peligro de muerte, además de que estimamos que su costo es asequible”, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la ONU.
El respaldo de la OMS no inició un uso generalizado de manera inmediata, pero supuso un gran apoyo para que los países emitan sus propias aprobaciones de la vacuna camino a una implementación más amplia. Entonces ya proyectaban que, si su inclusión en los programas de vacunación se gestionaba rápido, los beneficios serían transformadores a gran escala.
El vínculo deforestación-minería-malaria
Rachel Lowe, de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, explica que, aunque cualquier deforestación puede aumentar la tasa de contagio de enfermedades transmitidas por mosquitos, son los hoyos que deja la minería de oro ilegal y rampante los que crean las condiciones ideales para que se reproduzca el mosquito portador de la malaria, el Anopheles.
Entre 2017 y 2019, la minería de oro destruyó 10.245 hectáreas en tres territorios indígenas —Munduruku, Yanomami y Kayapó— ubicados en la Amazonia Legal, un área sociopolítica que engloba nueve estados de la cuenca amazónica creada por el gobierno brasileño en 1948 para planificar el desarrollo económico y social de la región.
En Munduruku, la deforestación por la minería de oro se duplicó entre 2018 y 2019, alcanzando las 2000 hectáreas.
“Nunca me acostumbraré a ver la destrucción que dejan a su paso.”
La pérdida forestal continuó en 2020 y se extiende mucho más allá de estas tierras indígenas. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe, por sus siglas en portugués), la deforestación aumentó un 25 por ciento en los primeros seis meses del año en toda la Amazonia. Esta estadística fue confirmada de forma independiente por el Instituto de los Pueblos y el Medio ambiente de la Amazonia, una institución de investigación sin ánimo de lucro que estudia la conservación y la sostenibilidad.
El instituto también descubrió que el 43 por ciento de esta deforestación se había producido en el estado septentrional brasileño de Pará. En junio, conforme la Amazonia entraba en su estación seca, cuando el fuego se propaga con más facilidad, el 22 por ciento de la deforestación de la Amazonia Legal tuvo lugar en áreas de conservación y un tres por ciento, en tierras indígenas.
Por su parte, el gobierno estatal de Pará afirma que la tasa de transmisión de malaria en zonas mineras había ascendido un 17,8 por ciento en los seis primeros meses de 2020. Sin embargo, dicha tasa podría ser mucho más alta, ya que muchos casos pasan desapercibidos. Desde una perspectiva más general, las enfermedades transmitidas por mosquitos han aumentado un 32 por ciento en la región de Tapajós, que incluye Itaituba, frente al mismo periodo de 2019. En los territorios indígenas del estado, ese aumento es de un 46,7 por ciento.
Rompiendo las cadenas de la malaria
Las condiciones en los campamentos mineros clandestinos son parte del problema. El desmonte de grandes superficies de terreno para crear pastos para el ganado bovino también puede hacer que la malaria se propague, pero son las franjas más pequeñas de tierra deforestada utilizada para la minería las que presentan un mayor riesgo de transmisión de malaria.
"Están confinadas, normalmente hay gente viviendo cerca y esas personas están muy expuestas a todos estos cambios ambientales", afirma Castro. "Las condiciones son propicias para más hábitats de reproducción, lo que aumenta la densidad de mosquitos e incrementa las transmisiones".
Normalmente no se adopta ni el uso de mosquiteras ni otras medidas preventivas, y aunque Brasil sí cuenta con un sistema de sanidad pública —llamado SUS—, acceder a él en zonas remotas de la Amazonia es casi imposible, como señala André Siqueira, infectólogo e investigador de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Río de Janeiro. Incluso aunque hubiera clínicas u hospitales cerca, es improbable que buscaran atención médica, ya que su trabajo es ilegal.
Imagen aérea del campamento minero informal Esperanca IV, cerca de la Terra Indígena Menkragnoti, en Altamira, estado de Pará, Brasil, en la cuenca del Amazonas, el 28 de agosto de 2019.
Los mineros, que en general no reciben formación sobre prevención y tratamiento de enfermedades como la malaria, acaban "automedicándose, tomando una dosis de la medicación inferior a la necesaria e infectándose durante días, o tomando antipalúdicos en cuanto tienen fiebre", explica Siqueira.
Cuando esos prospectores pasan de una zona de la selva a la siguiente, llevan la malaria con ellos. La enfermedad no puede transmitirse directamente de persona a persona. Pero si un mosquito pica a alguien que ya está infectado de malaria, puede adquirir el parásito que causa la enfermedad y transmitirla a otros, ya sean personas en las ciudades a las que regresan los mineros o a las personas indígenas que viven en las regiones cercanas de la Amazonia.
Karo Munduruku ha vivido en la Reserva Indígena Praia do Mangue desde que nació. La reserva se encuentra a las afueras de Itaituba, un municipio de Pará al que los lugareños llaman Nugget Town o Ciudad Pepita. Los mineros de oro ilegales, conocidos como garimpeiros en Brasil, empezaron a invadir las tierras de Munduruku mucho antes de que él naciera.
"Nunca me acostumbraré a ver la destrucción que dejan a su paso", cuenta.
A medida que la atención iba centrándose en el aumento de los casos de COVID-19 y las muertes en el país, y como el gobierno federal ha tomado medidas para debilitar la legislación destinada a proteger la Amazonia, Munduruku teme que la deforestación empiece a pasar factura a la salud de su familia. Recuerda cómo sus dos hermanos pequeños sufrieron fiebre, escalofríos, sudores nocturnos y náuseas durante semanas cuando contrajeron la malaria hace años. No quiere que vuelva a ocurrir.
La migración en la región de la Amazonia también ha repuntado en los últimos años, a medida que los venezolanos atraviesan Brasil y otros países sudamericanos para escapar de la crisis política y económica. Un viajero que contraiga la malaria en la Amazonia brasileña podría provocar brotes de la enfermedad en otro país.
"Esto podría dar la oportunidad de que la transmisión vuelva a empezar", afirma Lowe, cuya investigación se centra en cómo interactúan los factores ambientales y socioeconómicos a la hora de determinar el riesgo de transmisión de enfermedades. Y debido a los vínculos globales entre personas y enfermedades, es crucial hallar una forma de librar al mundo de este desequilibrio entre salud humana y salud ambiental.
Para que la región recobre su equilibrio, Castro cree que tendría que producirse un cambio radical. Señala que el modelo de desarrollo en la Amazonia siempre se ha centrado en la explotación de los recursos naturales, desde el auge del caucho a principios del siglo XX hasta la actual fiebre del oro. Recurrir al ejemplo de los pueblos indígenas y otros grupos tradicionales que viven en la Amazonia es el primer paso para crear un modelo que permita el uso y la protección de los recursos naturales del bosque.
"La gente sabe cómo utilizar el bosque de manera sostenible y hay muchos datos que demuestran que se puede sacar beneficio y productividad de la Amazonia sin aumentar la deforestación", explica. "Si vemos lo que vemos ahora es porque nuestro modelo ha fracasado estrepitosamente".
Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.