2017 fue el año más mortal para los activistas medioambientales
Cientos de protestantes fueron asesinados en conflictos de tierras en 2017, algunos a manos de bandas y gobiernos.
Al igual que algunos activistas medioambientales, Isela González, enfermera y antropóloga, arriesga su vida a diario.
«Una vez, fuera del juzgado, se me acercó una persona y me amenazó de muerte por ayudar a las comunidades indígenas», recuerda González, directora ejecutiva de la ONG proindígena Alianza Sierra Madre. «Con estos asesinatos, quieren sembrar el terror, no solo en las comunidades indígenas, sino entre quienes las ayudan».
Las vidas de muchos manifestantes pacíficos corren peligro cada año en disputas de tierras y medioambientales, y un nuevo estudio afirma que más de 200 personas fueron asesinadas el año pasado. Eso convierte 2017 en el año más mortal hasta la fecha.
«Me afecta moral y físicamente», afirma González. «Pero al mismo tiempo, el ansia de justicia y resarcimiento para los defensores caídos, para sus familias y, sobre todo, para que esto no vuelva a pasar es la energía que te empuja para seguir trabajando».
Un número de fallecidos en aumento
Según la organización medioambiental internacional Global Witness, en 2017 se produjeron un total de 207 asesinatos de activistas o defensores medioambientales. Son más que en 2016, lo que convierte 2017 en el año más mortal registrado.
El mayor número de muertes se asocia a la agroindustria, que es cualquier negocio que obtenga beneficios de la agricultura, con 46 activistas asesinados en conflictos por proyectos agrícolas a gran escala. A la agroindustria la sigue la industria petrolera y minera, históricamente el ámbito más peligroso para los activistas, con 40 asesinatos. La caza furtiva y la tala empataron en el tercer puesto con 23 víctimas en cada una.
«Nuestras estadísticas solo representan la punta del iceberg», afirma Ben Leather, investigador principal del estudio y activista veterano en Global Witness. «Debido a las dificultades a la hora de informar y verificar, es casi seguro que las cifras son más altas».
Global Witness utilizó conjuntos de datos de fuentes nacionales e internacionales, como informes anuales y otra información pública. La organización solo incluyó muertes verificables en su informe, corroborando información como los nombres de los activistas y las causas de muerte.
Según Leather, es probable que el número total de víctimas fuera más alto, debido a la falta de denuncias. No se encontraron cifras en países donde la libertad de expresión está muy restringida, como China, Rusia y algunas partes de Asia central. En África, según el estudio, las notificaciones eran sorprendentemente bajas, lo que podría deberse a los asesinatos no documentados.
Casi el 60 por ciento de los asesinatos tuvieron lugar en Latinoamérica. Brasil fue el país con más mortalidad, con 57 asesinatos. En las Filipinas se produjeron 48 muertes —la cifra más alta en un país asiático— y la tasa de mortalidad entre activistas en México se quintuplicó, pasando de tres asesinatos en 2016 a 15 en 2017.
Según el estudio, 30 asesinatos estaban vinculados al ejército y 23 a la policía. Supuestamente, bandas, guardas de seguridad, propietarios de tierra, cazadores furtivos y otros actores no estatales asesinaron a al menos 90 personas.
«Aquí, la corrupción es un problema muy grave», afirma Leather. «Las autoridades que deberían defender los derechos de los activistas son cómplices en estos ataques».
Al contrario que el resto del estudio, Honduras mostró una tendencia opuesta. El país centroamericano registró menos asesinatos de activistas medioambientales que en años anteriores, pero allí la sociedad civil está más reprimida que nunca.
«Existe un amplio abanico de tácticas empleadas para silenciar a los defensores y los asesinatos solo representan la más fuerte de ellas», afirma Leather.
Además de los asesinatos individuales, en 2017 se produjeron más masacres de activistas que en cualquier otro año. En al menos siete casos, más de cuatro activistas fueron asesinados a la vez, lo que demuestra que los responsables se sienten más envalentonados, según Leather. En el pasado, estos asesinatos apenas se han juzgado.
«El informe es mucho más que datos», explica Leather. «Nos desvela una cultura extendida de impunidad que permite la violencia».
El futuro del activismo
Pese a los riesgos, los defensores medioambientales siguen luchando.
«Sigo adelante porque es mi trabajo. Abandonar a estas comunidades, abandonar mi trabajo, sería rendirse ante el terror y las amenazas», afirma González Díaz. «Sí, claro que tengo miedo, pero todos los activistas tienen mecanismos para lidiar con ello. Nos hemos preparado para esto. Creo que es una decisión vital que toma cada uno».
En muchos ámbitos, las decisiones de los compradores pueden surtir efecto, según Global Witness. Los consumidores pueden escribir a las empresas y pedirles que garanticen que se respeta a los lugareños a lo largo de la cadena de suministro. También se puede pedir a los representantes políticos que presionen a los países para que persigan estos crímenes.
En la agroindustria, una planta particularmente polémica es la palma aceitera. Se han talado bosques enteros para hacer sitio a plantaciones de palma aceitera y el aceite comestible se encuentra en casi la mitad de los productos envasados de un supermercado, como el chocolate, la margarina, el helado, el champú o las barras de labios.
«Si consumes productos con aceite de palma, podrías escribir al fabricante y preguntar qué hacen exactamente para abordar este tema», afirma Leather.
Otros cultivos que han contribuido a los conflictos por tierras son el café, el azúcar y la fruta, como los plátanos y las piñas. La minería y la tala, que todavía son ámbitos peligrosos para los defensores del medio ambiente, contribuyen a productos desde la electrónica a los muebles.
«Necesitan tomarse muchas más medidas para revertir esta tendencia», afirma Leather. «La gente no debería ser asesinada o amenazada solo por proteger sus tierras o su medio ambiente. Si nosotros no podemos adoptar una postura, espero que podamos persuadir a nuestros gobiernos y negocios para que lo hagan».
Rachel Brown ha contribuido a este artículo. Este artículo se publicó originalmente en inglés en NationalGeographic.com.