El Salvador, antaño exuberante, se seca a un ritmo alarmante

Mientras el sol sale entre la densa niebla matutina, Teresa Serrano se une a otras mujeres de su comunidad que acuden a un manantial natural ubicado entre las colinas de la región de Cabañas. Aquí, en la remota región centroseptentrional de El Salvador, se bañan, lavan la ropa y preparan la comida. Hoy, Serrano ha esperado hasta el amanecer para traer agua, pero cuando se ven afectadas por las peores sequías, ella y sus vecinos acuden al manantial cada vez más temprano.

 «La poza no produce mucha agua», afirma. «Y cuando se seca, hemos tenido problemas porque la gente se pelea».

En aldeas rurales de todo El Salvador, como la de Serrano, más de 600.000 personas viven sin acceso a agua potable y cientos de miles más tienen un acceso limitado o intermitente. Aunque Centroamérica tiene recursos hídricos abundantes, la pequeña superficie terrestre de El Salvador en relación con el número de habitantes hace que su menguante suministro de agua per cápita se acerque peligrosamente a no abastecer la demanda. Décadas de fracasos a la hora de regular de forma apropiada el uso del agua en el país también han abierto las puertas a la sobreexplotación y la contaminación, mientras que la gestión hídrica fragmentada ha provocado una carencia de servicios.

El resultado es una crisis polifacética de escasez hídrica, contaminación y acceso desigual que afecta a un cuarto de la población del país, de 6,4 millones. Mientras el cambio climático amenaza con agravar la crisis de la nación con más estrés hídrico de Centroamérica, hay quien dice que las consecuencias del debate polarizador sobre la gestión hídrica del país podrían ser la piedra angular de la viabilidad futura de El Salvador.

Desigualdad y sequía

En los últimos años, los acuíferos de las zonas costeras y centrales de El Salvador han descendido hasta cuatro metros, una tendencia que la ministra de Medio Ambiente Lina Pohl tacha de muy alarmante. Entretanto, más del 90 por ciento de las fuentes de agua superficiales del país están contaminadas, según informes del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Y para empeorar la situación, ninguno de los ríos principales del país puede potabilizarse con métodos convencionales, como el filtrado o la cloración. Los expertos afirman que las culpables son las aguas residuales sin tratar que salen a chorros de las alcantarillas y se vierten a los ríos, así como la escorrentía de la industria y la agricultura.

 «Los pobres son quienes acostumbran a beber agua contaminada de fuentes naturales», afirma Andrés McKinley, experto en agua y minería en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en la capital, San Salvador. «Cuando la industria a gran escala se encuentra cerca de comunidades pobres o con ingresos más bajos, la sobreexplotación del agua de acuíferos subterráneos deja a esas comunidades sin recursos hídricos apropiados».

McKinley afirma que se debe a que, históricamente, los desequilibrios de poder en la toma de decisiones han dado prioridad en el uso del agua a las «grandes empresas», como plantaciones industriales, empresas mineras, promotoras de viviendas de lujo y empresas de embotellado.

Por ejemplo, La Constancia, filial de ABInBev, llena miles de envases de Coca Cola cada día en Nepaja, una localidad ubicada sobre un acuífero importante, mientras que el agua solo fluye por los grifos de los residentes locales unas cuantas veces a la semana, o incluso menos. Raúl Palomo, portavoz de La Constancia, atribuye el problema a las infraestructuras deficientes y afirma que una iniciativa de agua potable puesta en marcha por la empresa en 2015 ha contribuido a cerrar la brecha del acceso.

Priscilla Pérez, madre de 32 años con cuatro hijos, hace frente a la escasez pese a vivir sobre un importante acuífero en Nepaja. «No ha llovido lo suficiente como para recoger agua en ocho días», contó a la fotógrafa Jane Hahn en junio, uno de los meses de la estación lluviosa habitual. «Ojalá tuviéramos agua del grifo».

Según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), casi un cuarto de la población de las zonas rurales carece de acceso al agua corriente, ya sea en sus hogares o en grifos públicos. Mujeres y niños se han visto especialmente afectados por la escasez, ya que suelen asumir la carga de transportar el agua para usos domésticos. En el caso de las personas que viven en zonas controladas o reclamadas por bandas rivales, traer el agua desde fuentes remotas también les expone al riesgo de robos, violaciones y otros ataques.

Los habitantes de las ciudades tampoco son inmunes a la crisis hídrica. Según María Dolores Rovira, directora del departamento de ingeniería de procesos y ciencias medioambientales en la UCA, la calidad y el suministro del agua son igualmente deficientes en barrios pobres de la capital, San Salvador. El acuífero de Nejapa sirve como fuente de agua para la mayor parte del San Salvador metropolitano y los daños en las tuberías a principios de año cortaron el servicio a más de un millón de personas durante días. Miles de personas hicieron cola para llenar garrafas en camiones cisterna de emergencia, algunos pertenecientes a empresas privadas que cobraban una tarifa. Los residentes exasperados de barrios pobres salieron a las calles para protestar por la gestión deficiente y los defectos del sistema actual.

Residentes como Carlos Melara, de 45 años, que vive en la comunidad de San Antonio Abad a las afueras de El Salvador, temen que la construcción prevalezca sobre hogares pobres como el suyo. En junio, Melara cargaba agua por una colina empinada hasta la casa familiar varias veces al día. A poco menos de un kilómetro, uno de los mayores promotores inmobiliarios de Centroamérica, Grupo Roble, construía un edificio de apartamentos de lujo que promocionaba servicios como lavado de coches, duchas para mascotas y una piscina.

Preparándose para el cambio climático

Centroamérica, un estrecho istmo rodeado por los océanos Atlántico y Pacífico, se verá gravemente afectada por los fenómenos meteorológicos extremos cuya gravedad y frecuencia aumentarán en los próximos años, según lo previsto. El Corredor Seco de la región, propenso a la sequía, es una de las zonas más vulnerables del mundo a los desastres generados por el clima cambiante y cubre El Salvador. Esto presionará aún más los recursos hídricos menguantes —y contaminados— del país.

Las personas con pocos recursos, que en general son menos resilientes en épocas de crisis, suelen ser las más afectadas por estos desastres. En 2014, por ejemplo, Centroamérica sufrió una sequía de récord, dejando a al menos 96.000 familias salvadoreñas sin alimentos suficientes. Ese mismo año, los productores salvadoreños de caña de azúcar registraron una exportación récord en sus cosechas.

Estas condiciones difíciles continuaron en 2015, cuando un intenso El Niño trajo consigo un tiempo seco prolongado a la región. En 2016, el gobierno salvadoreño declaró el primer estado de emergencia por sequía. Estos periodos de sequía severa provocaron grandes pérdidas a los pequeños agricultores de El Salvador, muchos de los cuales sufren inseguridad alimentaria, lo que podría dar pie a desplazamientos y migraciones. Tras la pobreza y el desempleo, las pérdidas agrícolas por la sequía y otros fenómenos son unas de las principales causas de emigración en El Salvador, Guatemala y Honduras, según el Programa Mundial de Alimentos.

Por su parte, la expansión de la agricultura industrial —en un país famoso por sus exportaciones, como café y azúcar— intensifica la degradación del suelo y la deforestación a gran escala. El resultado: suelos compactos impenetrables para la lluvia. Si sumamos a eso el hecho de que el cambio climático provoca precipitaciones más repentinas e intensas, tenemos una paradoja hídrica. Como dice la ministra Pohl, las lluvias llegan demasiado rápido y son demasiado intensas como para que el suelo compacto las absorba, de forma que la precipitación no consigue recargar las reducidas reservas de agua subterránea durante la estación lluviosa y también provoca inundaciones letales causantes de más desplazamientos.

La generación de energía hidroeléctrica en El Salvador también ha descendido desde 2010, con descensos significativos por debajo de la media de 30 años en 2015 y 2016, según datos gubernamentales. Como la energía hidroeléctrica supone una parte menguante de la energía total, tanto el empleo de combustibles fósiles como la importación de electricidad han aumentado para compensar esa falta.

Hacer frente a la crisis

El gobierno de El Salvador ha avanzado en los últimos años, mejorando los servicios hídricos y creando sistemas para supervisar la calidad y el suministro del agua. Pero el país sigue atrapado en un debate polarizador sobre la gestión de los recursos hídricos. Actualmente, más de 20 instituciones diferentes hacen malabares con la gestión y la distribución del agua, entre ellas la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por no mencionar las más de 2.000 redes de agua gestionadas a nivel local dispuestas para cubrir las brechas de servicio en áreas rurales.

«Si queremos hacer frente al cambio climático, primero necesitamos tener un gobierno fuerte», afirma Helga Cuéllar-Marchelli, directora del departamento de estudios sociales en FUSADES. «Necesitamos una iniciativa conjunta del gobierno central, los gobiernos municipales, la sociedad civil y el sector empresarial. Sin un marco legal, será muy difícil coordinar las labores».

Cuéllar-Marchelli defiende un enfoque integrado que tenga en cuenta la igualdad social, la eficiencia económica y la sostenibilidad ecológica de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Esto significa tratar las cuencas hidrográficas de forma holística, atendiendo a la calidad del agua, las condiciones del suelo y otros factores medioambientales que afectan al suministro hídrico.

La legislación hídrica elaborada por el partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se ha quedado estancada en la Asamblea Nacional de El Salvador durante más de una década ante la oposición de una mayoría de legisladores conservadores partidarios de las empresas. La Ley Integral del Agua, presentada en 2006, propone un organismo regulador compuesto por varias instituciones públicas que rijan el agua como bien público.

En 2016, las Naciones Unidas instaron a El Salvador a que protegiera el agua como derecho humano en su constitución y que llenara el vacío legal aprobando la Ley Integral del Agua. Y los partidarios de la ley se vieron alentados cuando El Salvador aprobó una prohibición histórica de la minería de metales el año pasado, celebrada como medida histórica para proteger el agua limpia.

Pero entonces, en 2017, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó una contrapropuesta, con el apoyo del poderoso lobby empresarial del país. La Ley Integral del Agua plantea una junta alternativa de cinco miembros, con un representante del gobierno, dos del sector empresarial y dos de la asociación de municipios, que actualmente está dominada por ARENA.

Para la ministra Pohl, la contrapropuesta supone un intento de privatizar la toma de decisiones, algo que para ella es más irresponsable que privatizar la prestación de servicios. «En una época de conflictos y escasez, cuando debemos tomar decisiones sobre reparto, deben existir criterios basados en el bien común, no en entidades privadas», afirma.

McKinley está de acuerdo en que un enfoque basado en los derechos es fundamental para orientar una legislación eficaz. «Si reconoces el agua como derecho humano, una consecuencia lógica sería aceptar el hecho de que es el estado quien tiene la responsabilidad de gestionar dicho recurso para todos los ciudadanos del país», afirma. La complejidad de la crisis hídrica demanda la participación activa de los ciudadanos y la sociedad civil, incluido el sector privado, pero McKiley afirma que debería tener lugar mediante procesos dirigidos por el gobierno.

«Todos los problemas vinculados al cambio climático o a otras causas de la crisis del agua en El Salvador se vinculan a la falta de estructuras institucionales que regulen el agua», explica. «La viabilidad de El Salvador como nación depende en gran medida del estado de sus recursos naturales, sobre todo del agua».

Heather Gies es una periodista freelance. Síguela en Twitter @HeatherGies .

Jane Hahn es una fotoperiodista freelance en Dakar, Senegal. Puedes seguirla en Instagram @JaneHahn. También ha contribuido a este artículo.

Este reportaje ha contado con el apoyo parcial de la International Women’s Media Foundation como parte de su iniciativa Adelante Latin America Reporting Initiative.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.