La lucha vacilante contra la explotación forestal ilegal en la Amazonia

El 4 de julio, en una polvorienta carretera secundaria del estado brasileño sudoccidental de Rondonia, cerca del centro maderero de Espigão d’Oeste, unos asaltantes desconocidos detuvieron el camión cisterna, sacaron al conductor de la cabina y le prendieron fuego. El camión transportaba combustible para suministrar a los helicópteros del gobierno que apoyan una operación contra la explotación forestal ilegal. Temiendo más ataques, los agentes del gobierno suspendieron la operación y se retiraron de la zona.

El fuego no se propagó más allá de los restos chamuscados que quedaron en aquella carretera que serpentea entre la selva. Frente a los incendios que han ardido desde entonces por Rondonia y toda la Amazonia, que han provocado indignación en todo el mundo, un solo camión en llamas podría parecer insignificante.

Con todo, era el epítome de una batalla que se está librando en el mayor bosque lluvioso tropical del planeta, una batalla en la que la agencia responsable de proteger la selva se haya cada vez más asediada.

En los últimos 30 años, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, conocido por su acrónimo en portugués IBAMA, ha permanecido al frente de la lucha cuesta arriba contra la destrucción de la Amazonia. Sus agentes han expulsado a leñadores criminales y buscadores de oro de territorios indígenas. Sus inspectores han descubierto fraudes elaborados destinados a la apropiación y la tala de terrenos públicos para crear pastos para el ganado y superficies agrícolas. Han desintegrado redes que trafican con especies silvestres en peligro de extinción y han impuesto duras multas a actores poderosos que buscan beneficiarse de las riquezas de la Amazonia.

Pero, mientras este año se acelera la destrucción de la selva —en julio había aumentado un 60 por ciento frente a 2018, según datos satelitales brasileños—, el IBAMA no solo se enfrenta a la ira de sus enemigos tradicionales. También tiene dificultades ante el gobierno del nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que ha tachado los datos por satélite de «una mentira» y cuyos planes de reducir las protecciones medioambientales y abrir la Amazonia a la tala, la minería, la ganadería y la agricultura a escala industrial no son ningún secreto.

Bolsonaro ha arremetido contra la tradicional práctica del IBAMA de imponer duros castigos ante infracciones medioambientales y lo describe como una «industria de multas». Ha instado a los agentes de campo a que dejen de destruir los tractores y excavadoras de los madereros ilegales en la selva, algo que las autoridades describen como una medida poco usada que impide que los trabajadores prosigan con sus actividades ilegales. En febrero, el ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, despidió a 21 de los 27 superintendentes estatales del IBAMA. Dichos puestos no han sido ocupados.

En este contexto, el fotógrafo Felippe Fittipaldi y yo acompañamos al IBAMA a mediados de julio, cuando puso en marcha una intervención en toda regla contra el ataque al camión de combustible. La emboscada había tenido lugar a las afueras de un pequeño asentamiento fronterizo llamado Boa Vista de Pacarana, en el límite septentrional del extenso municipio de Espigão d’Oeste. Rondonia es un estado amazónico conocido por los conflictos por las tierras y la deforestación rampante, y los agentes del IBAMA afirman que el negocio maderero de Espigão está respaldado en gran medida por el comercio ilegal de maderas duras extraídas de territorios indígenas. El plan era que unos 35 inspectores de la agencia —respaldados por un equipo de ataque aéreo, más de 50 agentes de policía armados y casi 100 soldados del ejército— descendieran sobre los aserraderos y las operaciones de explotación forestal ilegales para atraparlos con las manos en la masa.

Pero mientras nuestro convoy de todoterrenos, coches de policía y camiones militares atravesaba el estado desde su capital, Porto Velho, uno de los agentes vio por redes sociales una entrevista con el director de una asociación de madereros de Espigão y escuchó que el hombre hablaba de una inminente redada del IBAMA. El hombre dijo que Salles, el ministro del Medio Ambiente, llegaría a Espigão desde Brasilia al día siguiente. Instó a la gente del pueblo a acudir a recibir al ministro, que esperaba que escuchara con comprensión las preocupaciones de la industria.

En efecto, alguien había dado un soplo a la industria.

«Ahora que saben que venimos, sacarán a todos del bosque», murmuró un sargento de la policía en nuestro convoy. «Encontraremos el delito, pero no encontraremos delincuentes».

La redada continúa

La mañana siguiente, Salles no decepcionó a los cientos de partidarios que se congregaron frente al ayuntamiento de Espigão.

«Por desgracia, lo que ocurre ahora mismo en Brasil es el resultado de años y años de una política pública de leyes, normas y regulaciones que no siempre se ajustan al mundo real», afirmó. Se refería al régimen de supervisión que ha regido la política medioambiental brasileña durante las tres últimas décadas y que había contribuido al fuerte descenso de la deforestación, al menos hasta hace unos años.

Los comandantes del IBAMA a cargo de la redada que estaba a punto de comenzar parecían imperturbables ante los comentarios de Salles.

«No recibimos ninguna orden directa de él para abstenernos de hacerlo», afirmó Givanildo dos Santos Lima, el coordinador de la operación. «Haremos todo lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo».

Lima, de 46 años, es un hombre larguirucho que se parece muchísimo al expresidente estadounidense Barack Obama. Es un agente veterano con casi 15 años de experiencia en la selva y sus colegas lo admiran por ser un inspector astuto y valiente. En igual medida, es vilipendiado por los intereses empresariales que van en contra de sus iniciativas para garantizar el cumplimiento de la ley. Ha sido objeto de varias amenazas, normalmente propagadas por redes sociales, y hay lugares a los que no viaja sin escolta policial.

Tras el discurso de Salles, nuestro convoy se desplazó por las desoladas tierras ganaderas de Espigão hasta Boa Vista de Pacarana, un asentamiento fronterizo donde viven 1000 personas en casas bajas de bloques de hormigón a lo largo de una red de carreteras de tierra llenas de baches. Pacarana tiene solo una gasolinera, unas cuantas tiendas, un bar al aire libre, una iglesia católica y varias capillas evangélicas. Está flanqueada por tres territorios indígenas, donde los sofocantes pastos lindan con altas murallas de selva verde.

La extracción comercial de madera está expresamente prohibida dentro de los terrenos indígenas de Brasil. Pero la tala es el alma de la economía de Pacarana. Los agentes afirman que las laberínticas carreteras de tierra del distrito se han convertido en las arterias del comercio ilegal de madera que alimenta los aserraderos de Pacarana.

Una escuela primaria vacía por vacaciones hizo las veces de centro de mando y alojamiento para la operación. Los agentes y los soldados montaron catres y tiendas en las clases y en el patio. Desde el colegio, los convoyes partían cada mañana hacia la media docena de aserraderos distribuidos a las afueras de la ciudad, ocultos tras altos muros de tablones.

Una mañana, una cadena de siete 4x4 verdes y blancos del IBAMA y una escolta de camionetas policiales serpenteaban entre los montones de troncos enormes al borde de un extenso almacén de madera. Se detuvieron frente a una larga nave curtida por el tiempo. Las densas nubes de polvo filtraron la luz cegadora mientras los agentes salían de sus vehículos.

La nave estaba desierta y en ella reinaba un silencio inquietante. Bajo el tejado de estaño acanalado, el equipo halló un conjunto de máquinas de fresado nuevas, como recién salidas de la caja, entre un revoltijo de cables expuestos, latas de aceite descartadas y montículos de serrín. Los inspectores, con chalecos antibalas, avanzaban sobre tablas chirriantes, sacando el inventario de las cintas transportadoras, compresores y cuchillas.

En el astillero, Lima se detuvo para examinar una pila de troncos. Muchos medían hasta 1,2 metros de diámetro. Parte de la madera era roja, otra era amarilla. Las gotitas de salvia sangraban de sus extremos, exudando un olor dulce y penetrante.

«Aquí hay un angelim. Ipê, maçaranduba», dijo Lima, recitando los nombres de las preciadas maderas duras, entre ellas algunas de las más valiosas de la Amazonia.

«El único lugar de la región donde aún tienen madera de este tamaño y calidad es en las tierras indígenas», afirmó. En su opinión, casi toda esta madera era ilegal.

El gato y el ratón

A lo largo de los días siguientes, mientras seguía a los inspectores en helicóptero hacia tierras indígenas y por tierra hacia los aserraderos de Pacarana, quedó claro que el IBAMA está atrapado jugando al gato y el ratón contra un enemigo organizado y con recursos. «Vigilan nuestros movimientos», afirmó Lima. «Saben dónde están nuestros equipos».

Los espías transmiten el paradero de los agentes de campo a los grupos de leñadores por radios bidireccionales. «Cuando un equipo se dirige hacia Pacarana, por ejemplo, los madereros que operan dentro de tierras indígenas mueven los camiones y los tractores y los esconden», explicó Lima.

Los madereros emplean pintura de camuflaje y follaje para ocultar el equipo; abren senderos estrechos bajo las copas de los árboles para llegar hasta árboles valiosos, despistando a los vigilantes aéreos. Suelen transportar los troncos a los aserraderos por la noche. Los intermediarios sin escrúpulos sobornan a los burócratas para que emitan documentos que demuestren que la madera procede de bosques gestionados de forma sostenible con permiso. Esto permite que las empresas madereras introduzcan productos ilegales en el mercado con una legitimidad aparente.

«La complejidad de esta estructura y el gran volumen de los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad delictiva hace que determinemos que se trata de crimen organizado», afirmó Daniel Lobo, fiscal federal en Porto Velho. «Este plan está muy bien montado. Es toda una mafia».

Lobo declaró que los fiscales públicos y los investigadores policiales han comprendido hace poco la naturaleza conspiratoria de estos delitos y han empezado a procesarlos en consecuencia. «No se trata de delitos aislados con un único culpable. Es una organización con mando y control».

Los madereros de Espigão se irritan ante cualquier sugerencia de que sus operaciones son ilegales. «Como en cualquier otra parte, quizá haya negocios que operen de manera clandestina», explicó Cleodimar Balbinot, un abogado de la industria maderera que apareció para enfrentarse a Lima en un aserradero mientras los agentes elaboraban una lista de infracciones. Insistía en que sus clientes eran operadores legítimos, elegidos injustamente para satisfacer la necesidad del IBAMA de vengarse por el ataque contra el camión cisterna.

En el transcurso de la operación que presencié, se incautaron casi 6000 metros cúbicos de madera que, según el IBAMA, era ilegal. Los inspectores descubrieron «irregularidades» en 20 aserraderos e impusieron multas por un total de casi 1,35 millones de euros. Clausuraron tres aserraderos de forma definitiva.

La puerta de entrada de la deforestación

La explotación forestal selectiva e ilegal no es la causa principal de deforestación —es la tala rasa— ni de los devastadores incendios que han alarmado al mundo entero. Pero la explotación forestal selectiva sí permite que llegue más luz solar hasta el suelo del bosque, secándolo e incrementando su propensión a los incendios. Los investigadores sostienen que suele servir de puerta de entrada para una mayor organización criminal que implica la tala rasa para la venta al por mayor: el robo de terrenos públicos para vender parcelas, plantar cultivos o crear pastos para el ganado.

«Arrasar el bosque es el paradigma del grilagem», explicó el fiscal Lobo, empleando el término coloquial brasileño que significa «acaparamiento de tierras». «Se trata de un intento de invadir y ocupar los terrenos públicos. Es muy habitual en toda la Amazonia». Al igual que la explotación forestal ilegal, el delito implica a una vasta red que oculta a los principales arquitectos de la organización. «Los grileiros ocupan la tierra con la esperanza de que su robo se legalice», explicó Lobo. En parte, lo hacen comprando y vendiendo títulos de propiedad falsos para cubrir su rastro.

En la Amazonia, las carreteras destinadas a la explotación forestal han servido como punta de lanza para penetrar en la selva virgen. «La extracción de madera es, en general, lo que financia el desmatamento, o tala de árboles», me contó Lima. «Un tipo vende los árboles más valiosos y con ese dinero paga para talar la selva. Deforestar no es barato».

A medida que el proceso se desarrolla y agotan los valiosos recursos en otras partes, aumenta la presión a la que están sometidos los extensos territorios indígenas de Brasil, que abarcan casi un cuarto de esta parte de la cuenca amazónica. Lobo contó que las 22 reservas indígenas de Rondonia sufren algún tipo de invasión, ya sea por parte de madereros ilegales, acaparadores de tierras, ganaderos o prospectores de minerales.

La historia es más complicada que una simple victimización. Los líderes indígenas que favorecen el desarrollo sostenible y la preservación de las tradiciones comunes están en desacuerdo con los miembros tribales atraídos por los pagos en efectivo de los extranjeros ansiosos por talar sus árboles o extraer sus minerales. Algunas tribus están unidas en la oposición a esos depredadores. Pero otras se muestran cada vez más divididas ante la disyuntiva de si preservar sus áreas forestales o explotarlas para beneficiarse a corto plazo.

Al oeste de Pacarana, en el territorio indígena Sete de Setembro de casi 2500 kilómetros cuadrados, siete comunidades suruís se han unido para combatir la explotación forestal y la prospección mineral en su territorio. Han plantado café y cacao y venden sus productos a distribuidores nacionales e internacionales. Pero son una minoría dentro de su propia tribu: otras 20 aldeas suruís colaboran de una u otra forma con madereros y mineros.

En la aldea de Lapetanha, el anciano Aguamenon Suruí declaró que él y su familia han recibido amenazas de muerte por expulsar a los madereros de los bosques circundantes. «Ellos corren la voz», me contó. «Mencionan mi nombre. Dicen: “si alguna vez lo vemos, lo mataremos”». Otros aldeanos han recibido amenazas similares. Nadie sale de la comunidad solo.

La situación es aún peor para los uru-eu-wau-wau y los karipuna, cuyas tierras en el oeste de Rondonia han sido el blanco de los prospectores y los ganaderos. Los líderes de ambas tribus han recibido amenazas en varias ocasiones. En junio, decenas de colonos fueron expulsados de la tierra karipuna en una operación conjunta de agentes del IBAMA, agentes de asuntos indígenas y la policía estatal y federal. Los investigadores han acusado a nueve personas de deforestación ilegal, fraude y blanqueo de dinero.

Los agentes del IBAMA afirman que ellos mismos han sido objeto de varias amenazas durante la operación para expulsar a los invasores de la reserva karipuna. Todo ello, como dice Givinaldo Lima, en acto de servicio.

Una agencia atacada

Pero a algunos agentes del IBAMA les preocupa que decaiga la moral con el gobierno de Bolsonaro, ya que se preguntan si los altos cargos están de su parte cuando se enfrentan a los delincuentes sobre el terreno.

«Siempre tenemos la impresión de que hacemos las cosas mal», declaró un agente que pidió que no lo identificáramos, por miedo a posibles represalias.

Pese a la acalorada retórica del gobierno de Bolsonaro, los principales agentes del IBAMA afirman que no se han producido cambios considerables en la forma en que llevan a cabo las operaciones sobre el terreno. Tras la operación de Rondonia, acudí a Brasilia para entrevistar al presidente del IBAMA, Eduardo Bim, en la sede de la agencia.

«Llevamos a cabo nuestras inspecciones de la forma que exige la ley», me dijo. «Lo que veo son interpretaciones y rumores sacados de contexto que dan la impresión de que no combatimos los delitos medioambientales. Los combatimos y seguiremos haciéndolo».

Pero muchos de sus agentes de campo se muestran más escépticos.

«Bolsonaro no desmantelará el IBAMA», dijo uno. «Necesita que el IBAMA muestre al mundo que Brasil cuida de la Amazonia. Pero lo dejará tirado en la cuneta. Pondrán obstáculos para debilitar a la institución, para impedir que hagamos nuestro trabajo».

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.