España, pionera en declarar la emergencia climática
Treinta líneas de acción consideradas prioritarias se encuentran ya en marcha junto al compromiso de aprobar cinco de ellas en los cien primeros días tras esta Declaración de Emergencia.
El pasado mes de mayo, cuando 2019 empezaba a dibujar esta nueva década como punto de inflexión clave en la lucha contra en cambio climático, Reino Unido se convertía en el primer país en declarar la emergencia climática. Meses después, a orillas de que se celebrase una decepcionante COP25 en Madrid, Europa abría su agenda a esta declaración.
Ahora, como respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica respecto a las amenazas de las consecuencias del cambio climático y siguiendo el ejemplo de ciudades como Madrid o Barcelona, España ha aprobado el acuerdo de la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental.
Treinta líneas de acción consideradas prioritarias se encuentran ya en marcha junto al compromiso de aprobar cinco de ellas en los cien primeros días tras esta Declaración. Sobre la mesa se despliegan acciones como la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que contará con la participación de los jóvenes.
Mientras tanto, en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial presenta el informe 2020, que alerta sobre las dos amenazas de mayor magnitud para la economía global: la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.
La comunidad científica internacional lleva décadas reclamando acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. La declaración de la emergencia climática muestra, según el comunicado emitido desde La Moncloa, “el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático”.
Neutralidad climática para 2050
Ya el pasado mes de septiembre, una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados instó al Ejecutivo a declarar la emergencia climática. Desde entonces, los primeros pasos en esta línea persiguen lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, eliminando, a lo largo de la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente.
Para lograrlo, el consumo final de energía renovable se habrá duplicado en 2030 y el 74% de la electricidad será de origen limpio. Según la Declaración, “se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40% para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50% y el 55%”.
En este sentido, la Declaración acata las advertencias de la comunidad científica sobre el impacto ‘sin precedentes’ que el modelo de desarrollo actual ha tenido sobre el planeta.
Ante este desafío, el acuerdo señala que alcanzar la neutralidad climática en 2050 es el "único camino posible", considerándolo además una oportunidad para “avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad”.
Los primeros cien días de compromiso
Las primeras medidas para afrontar este reto constituirán el marco regulatorio que marcará la hoja de ruta del Gobierno, que se ha comprometido a poner en marcha las primeras medidas en un plazo de cien días.
En primer lugar, llevará a las Cortes el proyecto de ley que garantice emisiones netas no más tarde de 2050. Para ello, impulsará “un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad”. La segunda medida perseguirá la descarbonización a largo plazo para lograr la citada neutralidad climática para 2050.
En tercer lugar en la línea de prioridades se encuentran los desastres naturales. Con el objetivo de lograr un país más seguro y menos vulnerable, “se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto”.
Una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático liderará las acciones derivadas de la cuarta medida y estará formada de manera igualitaria por jóvenes, mujeres y hombres.Por último, los cien primeros días también verá la luz el Convenio de Transición Justa con el objetivo de transformar nuestro modelo industrial y del sector servicios.
El Mediterráneo, ‘hotspot’ ante el cambio climático
La cuenca del Mediterráneo es un enclave idílico definido por su importancia ecológica como el tercer punto caliente de biodiversidad del planeta. Sin embargo, este explotado ecosistema ya dibuja su futuro con hasta cinco grados más y un metro de aumento del nivel del mar para 2100.
Con tan solo un 0’04% del mar Mediterráneo protegido, la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental recalca la vulnerable situación de España ante el cambio climático, “que incide directa e indirectamente sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas”.
Un desastre tan desolador como el ocurrido en el Mar Menor recientemente podría repetirse a gran escala en diversos ecosistemas. Las cifras del cambio climático presentan ya una crítica radiografía de la situación del Mediterráneo, donde en menos de 70 años hemos perdido un 41% de sus mamíferos y un 34% de sus peces, en menos de 4 años ha desaparecido un 40% de la posidonia, más de 150.000 toneladas de crudo se vierten al año y un 95% de sus residuos son plástico.
Con el espíritu de revertir esta situación, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal frente al cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación y de salud. En esta línea, el ejecutivo aprobará un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y pondrá en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
Con la economía circular en el horizonte, así arranca una transformación en positivo que pretende encauzarse como un "proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política".
