Una fiebre del oro ilegal provoca ataques contra los pueblos indígenas de la Amazonia

A medida que las tensiones entre los mineros ilegales de oro y las comunidades indígenas estallan en violencia en la Amazonia brasileña, los legisladores aliados con el presidente de derechas Jair Bolsonaro intentan de forma agresiva aprobar medidas para restringir la protección de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.

Desde mediados de mayo, los prospectores han emprendido una serie de ataques descarados contra las comunidades yanomami y munduruku en los estados de Roraima y Pará, respectivamente.

Los líderes indígenas creen que sus comunidades afrontan el momento más peligroso desde que Brasil volvió a la democracia en la década de 1980, tras más de 20 años de dictadura militar. Las amenazas de muerte y la intimidación son el día a día en algunas zonas y los líderes munduruku afirman que su pueblo vive en «estado de guerra».

A finales de mayo, los mineros y sus colaboradores indígenas del Territorio Indígena Munduruku prendieron fuego a las casas de varios líderes tribales, en aparente represalia por una redada policial contra un descubrimiento de oro.

Recientemente, se ha informado de al menos ocho ataques diferentes en el Territorio Indígena Yanomami, entre ellos un tiroteo entre mineros y aldeanos, según la Asociación Yanomami Hutukara. En uno de los incidentes, dos niños indígenas se ahogaron en el pánico que se produjo cuando los mineros dispararon con armas automáticas desde unas lanchas en el río Uraricoera. En otro caso, los mineros embistieron una canoa con ocho niños a bordo. Todos ellos consiguieron llegar a la orilla sanos y salvos y esconderse entre la maleza.

En ambos territorios, los agentes de la policía federal que llegaron para calmar las tensiones también fueron agredidos por los mineros, conocidos popularmente como garimpeiros.

Mientras tanto, en Brasilia, los conservadores de la Cámara de Diputados brasileña superaron el mes pasado un importante obstáculo en su misión para reformar la Constitución brasileña de 1988 para permitir la actividad comercial en tierras indígenas.

El Proyecto de Ley 490, conocido como PL490, legalizaría la minería, la tala, la agricultura industrial y otros proyectos considerados «de interés nacional» en tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades locales. El polémico proyecto de ley fue aprobado el 23 de junio por la Comisión de Constitución y Justicia y ahora se trasladará a la Cámara de Diputados antes de dirigirse al Senado. Los conservadores aliados con las agroempresas —los «ruralistas»—, junto con los fundamentalistas evangélicos, representan la mayor parte del bloque de votos que tiene mayoría en ambas cámaras.

Esta nueva ley abriría el camino a la impugnación jurídica de los límites de los territorios indígenas, amenazando con reducir el tamaño de algunas áreas y eliminar otras. En Brasil se han demarcado y reconocido oficialmente 441 territorios indígenas y 237 se encuentran en fases intermedias de reconocimiento. Los mayores territorios indígenas de Brasil se encuentran en la selva y cubren una cuarta parte de la región amazónica del país.

Según los críticos, lo más inquietante de todo es que el proyecto de ley permitiría al gobierno revisar y reducir los límites de varios territorios reservados para proteger a los grupos indígenas aislados, también conocidos como «tribus no contactadas». Agentes de campo de FUNAI, la agencia de asuntos indígenas, han confirmado la existencia de 28 grupos indígenas aislados en Brasil y puede haber hasta 70 más. La polémica legislación también abriría el camino para forzar el contacto con estos grupos altamente vulnerables por cualquier interés nacional superior, permitiendo incluso que terceras partes participen en equipos de contacto organizados.

«¿Y quiénes serían esos terceros?», dice Fabricio Amorim, un veterano de la FUNAI con 10 años de experiencia que ahora trabaja para el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y Recientemente Contactados, un grupo de defensa brasileño. «Los misioneros, por supuesto. El PL490 está abriendo el terreno no sólo a los ruralistas, sino también a los evangélicos que tienen esa visión extremista de llevar la palabra de Cristo a las tribus aisladas».

Desde 1987, la ley brasileña ha prohibido el contacto forzoso con tribus aisladas, excepto como medida de último recurso para evitar que un grupo sufra violencia o enfermedades devastadoras. La prohibición es acorde a los valores progresistas expresados en la Constitución de respetar la decisión de los indígenas de practicar sus formas de vida tradicionales en sus tierras ancestrales sin interferencia. Pero el nombramiento de misioneros en puestos clave del gobierno de Bolsonaro, la FUNAI incluida, ha suscitado el temor de un intento inminente de contactar y evangelizar a las tribus aisladas.

Que el proyecto se convierta total o parcialmente en ley dependerá del Tribunal Supremo de Brasil. El tribunal está estudiando un caso que tiene que ver con una medida apoyada por los ruralistas que exigiría a las tribus demostrar que ocupaban su territorio en el momento en que se ratificó la constitución del país, el 5 de octubre de 1988. La denominada «tesis del marco temporal» ha sido redactada en el Proyecto de Ley 490, lo que ha suscitado críticas vehementes por parte de líderes indígenas y de los defensores de sus derechos.

«En el caso de las tribus aisladas, es imposible aplicar el marco temporal», dice Amorim. «No se puede demostrar que estaban en un lugar determinado en el momento en que se ratificó la constitución». Muchos grupos están casi siempre en movimiento, señala Amorim, ya sea siguiendo las rutas migratorias tradicionales o intentando huir de las presiones de los forasteros.  

Aunque esta medida se estanque en el Congreso o en los tribunales, Amorim teme que Bolsonaro permita que varias Órdenes de Protección de Tierras expiren en los próximos meses. Las órdenes ofrecen una protección provisional de la explotación comercial a siete territorios que albergan tribus no contactadas. Cuatro de las órdenes de protección vencen a finales de este año o principios del próximo. Una quinta orden que protege a los nómadas aislados kawahivas en el estado de Mato Grosso corre el peligro inminente de perder su categoría legal si la tesis del marco temporal se convierte en ley. Los agentes de la FUNAI ya habían confirmado la presencia de estos nómadas en 1996.

«Una incitación a la violencia»

Sea cual sea el resultado final del PL 490, los críticos afirman que el debate en el Congreso ha contribuido a legitimar posturas extremas que son populares en las fronteras con las tierras indígenas, lo que ha provocado más derramamiento de sangre e intentos de invadir los territorios protegidos.  

«Es una incitación a la violencia», afirma Jeremy Campbell, antropólogo de la Universidad George Mason, Virginia, especializado en la tenencia de tierras indígenas en Brasil. «Da luz verde a más invasiones de tierras. Proporciona una estructura de permiso a través de la cual ignorar los derechos indígenas».

«Quieren eliminar nuestra memoria, nuestra existencia», contó Alessandra Korap Munduruku a National Geographic por teléfono desde su pueblo en el río Tapajós. Acababa de volver al territorio indígena Munduruku, asolado por los conflictos, tras una semana en Brasilia, donde protestó contra el Proyecto de Ley 490 junto a otros 800 manifestantes indígenas de todo el país. La policía antidisturbios recibió a los manifestantes con balas de goma y gas lacrimógeno cuando se acercaban al Palacio del Congreso. «Quieren borrar nuestra historia y borrar a los pueblos indígenas de Brasil para despejar el camino a la producción de las exportaciones», dijo.

Acusando a la FUNAI de complicidad en el desmantelamiento de décadas de leyes e instituciones que han protegido sus derechos y tierras, los manifestantes indígenas de Brasilia publicaron el 16 de junio una carta abierta en la que exigían la destitución del presidente de la FUNAI nombrado por Bolsonaro, Marcelo Augusto Xavier da Silva. La carta describía el mandato de Xavier como el «peor» de la historia de la FUNAI y afirmaba que el organismo había incumplido su deber de proteger los derechos de los indígenas en favor de «los intereses sospechosos y privados de las agroempresas, la minería ilegal y tantas otras amenazas que ponen en peligro nuestra existencia».

Además de dirigir la FUNAI, Xavier es también tiene una carrera como agente de la Policía Federal. Desde abril, ha ordenado a sus compañeros de la policía que investiguen a varios líderes indígenas e incluso a nueve empleados de la FUNAI por acusaciones que van desde la «difamación» de la imagen de Brasil en el extranjero hasta el intento de impedir la construcción de un tendido eléctrico a través del territorio indígena Waimori Atroari, en Roraima. Los líderes indígenas sostienen que Xavier ha cambiado la misión de la agencia, pasando de proteger a perseguir a las poblaciones tribales. 

En una respuesta por escrito a las preguntas de National Geographic, la FUNAI negó irregularidades y señaló que ha estado trabajando para superar «décadas de fracaso» provocadas por «intereses ocultos, falta de transparencia y una fuerte presencia de organizaciones no gubernamentales». Autodenominándose la «nueva FUNAI», la agencia dijo que sus operaciones buscan «fomentar la autonomía de los pueblos indígenas que deben ser, por excelencia, los protagonistas de su propia historia». El comunicado también ofreció apoyo a un «amplio debate» en el Congreso acerca de las disposiciones que modificarían la Constitución y abrirían los territorios indígenas a la minería, pese a que los métodos empleados para extraer oro en la Amazonia arrasan los bosques y contaminan los cursos de agua con mercurio tóxico.

En respuesta a una orden del Tribunal Supremo para restablecer la seguridad en la región, la policía federal y el ejército, junto con agentes de la FUNAI y del instituto de protección ambiental IBAMA, empezaron a llegar al territorio indígena yanomami, donde viven unas 25 000 personas, a partir del 28 de junio. Pero los observadores afirman que será necesario un esfuerzo concertado con cientos, si no miles, de efectivos para desalojar a los 10 000 o 20 000 prospectores que se cree que operan ilegalmente en la zona desde 2019. Nadie tiene claro que el gobierno tenga la voluntad de llevar a cabo tal cometido.

«La combinación de codicia y sensación de impunidad está tras la nueva fiebre del oro en el territorio», afirma el antropólogo francés Bruce Albert, que trabaja con los yanomami desde 1975 y dirige una investigación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo de París. Lejos de ser una industria artesanal, las explotaciones mineras actuales son «empresas delictivas mecanizadas y capitalizadas capaces de movilizar a grupos armados para romper la resistencia del pueblo yanomami», dice Albert. 

Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.